Desacuerdo entre Gobierno y sindicatos sobre el contenido del pacto de competitividad

Gobierno y sindicatos no alcanzaron ayer, en la reunión que mantuvieron para iniciar la segunda fase de la concertación social Felipe González y los secretarios generales de UGT -Nicolás Redondo- y CC OO-Antonio Gutiérrez- un acuerdo sobre el contenido que debe tener el llamado "pacto de la competitividad" o de la "modernización" como las centrales prefieren que se denomine. "Se van a negociar los aspectos que quedan de la Propuesta sindical prioritaria", declaró Gutiérrez, y "de lo demás se va a debatir". Redondo señaló que "todavía no sabemos qué se entiende por competitividad". ministra portavoz, Rosa Conde, afirmó que "se negociará sobre la base de lo expuesto por el presidente en el debate de confianza".

La segunda fase de la concertación social, iniciada ayer con la reunión de los máximos responsables del Gobierno Y los sindicatos, se continuará en una fecha no fijada todavía con otra reunión en la asistirán los ministros de Economía, Trabajo y Administraciones Públicas Mientras tanto, el Gobierno se ha comprometido a enviar a los sindicatos el borrador de la normativa legal que debe desarrollar el acuerdo sobre control de las contrataciones laborales"La reunión de ayer fue cordial", señalaron tanto Nicolás Redondo como Antonio Gutiérrez al término de la misma, calificativo que: también fue utilizado por Rosa Conde. Para Gutiérrez, "ha quedado claro que a partir de ahora vamos a volver a negociar los puntos que quedaron pendientes en la primera fase de la concertación, así como los demás puntos que contiene la PSP y que quedaron aparcados voluntariamente hasta ahora. De lo de más, del pacto de competitividad o modernización, vamos a debatir, a discutir, pero no a acordar nada".

La ministra portavoz, sin embargo, señaló que "hay cuatro grandes bloques de materias a ordenar en la próxima reunión de concertación". El primero se refiere a los tema

pendientes "como la formación profesional, donde los sindicatos han aceptado que haya reuniones tripartitas con los empresarlos y la cobertura del desempleo". El segundo bloque lo constituyen las propuestas del Gobierno, "entre las que es prioritaria la autorrregulación de la huelga". El tercero es un paquete de medidas sectoriales como vivienda social, sanidad y otros, entre "las que es básica la reforma fiscal". Por último, señaló Rosa Conde, "está todo aquello que se considere importante para tratar de frenar el impacto de la puesta en marcha del Acta única" y que se basa, según las palabras de Felipe González, en un acuerdo social "sobre la evolución de la productividad, sobre los precios, los salarios y el empleo".

Los salarios

Para el Gobierno, "el acuerdo social debería considerar el modo en que- se distribuyen las ganancias de productividad, de forma que una parte importante vaya a mejorar el poder de compra de los salarios y el resto se: oriente, fundamentalmente, a la inversión creadora de puestos de trabajo". En su intervención, el presidente del Gobierno dejó claro que ya no era necesaria "una reducción de los salarios reales ni un aumento del nivel de beneficios"; el proceso de ajuste de la economía habría culminado y en su lugar lo que se intenta alcanzar es "un aumento del poder de compra de los salarios compatible con una desaceleración de los precios y de los salarios nominales, capaz de preservar o garantizar la reinversión de los beneficios de las empresas".Una vez que los salarios no parecen ser la piedra angular de los pactos, el Gobierno planteó a través de su presidente otras prioridades como la reforma fiscal, especialmente del impuesto sobre la renta para adecuar la normativa a la sentencia del Tribunal Constitucional que consagra el IRPF como un impuesto individual, de forma que "se mantenga la progresividad, tenga en cuenta la liberalización de movimientos de capitales y que evite al mismo tiempo que se produzca una redistribución de la carga fiscal en contra de las rentas del trabajo". Junto a la reforma fiscal, la formación profesional, la reforma del gasto público y la modificación de las estructuras de las empresas son los aspectos que planteó el Gobierno.

Tanto Nicolás Redondo como Antonio Gutiérrez señalaron algunos aspectos positivos de esta propuesta "en la medida en que ya parece claro que la competitividad no depende de la contención de las rentas salariales", pero Redondo afirmó que aun "no sabemos qué es lo que entiende cada uno por competitividad, no hay diseño de cómo debe ser ese debate. Sólo sabemos donde se quiere instrumentar: en el Consejo Económico y Social que será un foro de debate, no de concertación". Rosa Conde afirmó que el Gobierno espera una propuesta sindical sobre el CES para instrumentarlo.