El juez encarcela al guardia civil que mató a un joven en Villalba

El juez que instruye el caso sobre la muerte de José Manuel Santarem, que falleció el sábado pasado en la localidad madrileña de Villalba por el disparo de un guardia civil vestido de paisano, ordenó ayer el ingreso en la prisión de Carabanchel de J. M.R. C., de 28 años, como presunto autor del homicidio. El detenido disparó contra Santarem, de 23 años, a la puerta de una discoteca tras mantener una discusión trivial. También prestó declaración ante el juez el guardia civil J. S. S., que realizó un disparo al aire, aunque quedó en libertad.En fuentes de la Guardia Civil no se facilitaron datos sobre la identidad de los agentes implicados en el caso. Tan sólo se conoce que no tienen graduación y que están destinados en el País Vasco. Las mismas fuentes explicaron que la discusión empezó por una tontería, "algo así como que el pueblo no valía nada y entonces los jóvenes se sintieron ofendidos y empezó la discusión y los empujones".

El autor del disparo declaró posteriormente que sacó su arma reglamentaría creyendo que tenía el seguro puesto y que no podía disparar, según informó Efe.

Los resultados de la autopsia tampoco han sido facilitados por el Instituto Anatómico Forense ni por el juzgado de guardia de Madrid, que recibió ayer los resultados del parte médico forense.

El parte del hospital Clínico, adonde fue trasladado Santarem desde Villalba, dice que la lesión que produjo "la muerte cerebral" de Santarem presentaba un "orificio de entrada por ángulo maxilotemporal derecho y orificio de salida -a nivel occipital". José Manuel, aunque respiraba en el momento de llegar al centro, estaba clínicamente muerto. "El fallecimiento fue instantáneo", especifica una responsable del Clínico. Hoy será enterrado en Villalba, tras el funeral que se celebrará a las 14.30 en la parroquia de Villalba-estación.

Por otra parte, el fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid solicita 47 años de prisión para el guardia civil Alonso Salazar Román, que mató de un disparo a un joven e hirió gravemente a otro durante una discusión entablada cuando el procesado pretendía aparcar su vehículo.

La acusación particular, ejercida por el abogado Fernando Salas, se muestra conforme con el fiscal, aunque solicita las penas en su grado máximo, por lo que las eleva hasta los 54 años de prisión, y pide 25 millones para los padres de Miguel Ángel.

Salas declaró ayer a este periódico que la Dirección General de la Guardia Civil se escuda, para no tomar medidas preventivas, en que este tipo de sucesos ocurren cuando los agentes están libres de servicio. "Son demasiadas las muertes provocadas por agentes del orden público fuera de servicio", dijo Salas.