Una reacción inadmisible

Se pregunta el autor del texto qué ha cambiado desde 1985 a 1990 para que el PSOE considere necesario reformar el sistema de incompatibilidades parlamentarias vigente. La respuesta es nada, absolutamente nada. De ahí la incomprensión de la medida, salvo que se explique por ánimos de venganza y revanchismo.

La venganza, además de ser uno de los sentimientos más estériles que puede experimentar el ser humano, es muy mala consejera en política, actividad que exige junto a la formalización jurídica de las reglas del juego un punto de confianza entre los agentes de la misma sin el cual difícilmente puede desarrollarse de manera civilizada.La confianza política es un elemento difícilmente aprehensible y casi imposible de juridificar, pero es el correlato indispensable de la desconfianza jurídica que preside el constitucionalismo democrático a diferencia del constitucionalismo liberal oligárquico.

El hecho de que no se excluya a nadie del proceso político, como ocurre de forma. generalizada en Europa después de la I Guerra Mundial, significa el reconocimiento expreso de que existen intereses sociales y económicos diferentes que van a tener su expresión política. De ahí la desconfianza jurídica del constitucionalismo democrático y los mecanismos de protección del pacto constituyente frente a posibles desvirtuaciones del mismo por parte de una futura mayoría parlamentaria: control de constitucionalidad de la ley y reforma de la Constitución.

Ahora bien, esta desconfianza jurídica tiene que complementarse con una dosis de confianza política no formalizada, sin la cual es imposible que el sistema funcione. El derecho, la norma jurídica, es esencial para el desarrollo de la vida política, pero afortunadamente no la agota. Por encima del derecho tiene que darse la seguridad entre todos los agentes del proceso político de que va a haber juego limpio, tiene que existir una relación de con fianza en que no se van a producir reacciones que pretendan alterar las reglas del juego sobre la marcha, aunque dicha alteración puede ser jurídicamente no impugnable.

Confianza

Desde las elecciones del 29 de octubre pasado, parece como si las fuerzas políticas españolas se hubieran empeñado en agredir de manera importante ese principio sutil de la confianza recíproca mínima que tiene que presidir toda lucha política civilizada.

Primero fueron los recursos contenciosos electorales que condujeron a una situación de provisionalidad, con interrogantes muy serios y generalizados sobre la limpieza del proceso de manifestación de la voluntad popular, con una incertidumbre notable como consecuencia de la actuación de los tribunales de justicia (justamente lo contrario de lo que la actuación de un tribunal de justicia debe suponer), y, con una alteración significativa del calendario político, ya que el debate de investidura quedó muy devaluado y se pospuso la formación de Gobierno hasta que se despejaran las incógnitas abiertas con los recursos electorales.

En este clima de provisionalidad e inseguridad vino después el debate sobre el tráfico de influencias, que ha destruido de manera todavía difícilmente evaluable la pauta que había presidido las relaciones entre las fuerzas políticas desde los. comienzos de la transición.

Y ahora, por último, en una reacción de fortaleza asediada, como los propios dirigentes del PSOE han calificado su posición, el partido socialista pretende responder a lo que considera una agresión injustificada y en un punto singularmente importante de su imagen política con la modificación del sistema de incompatibilidades para poder ser diputado o senador.

No me interesa, en este momento, entrar en el análisis del mérito de la propuesta socialista o de la posición de las demás fuerzas políticas. Lo que sí me interesa resaltar es que, después de haber sido el partido socialista quien aprobó una ley de Incompatibilidades Parlamentarias que fue declarada anticonstitucional por razones de tipo formal y de introducir finalmente el sistema de incompatibilidades previsto en esa ley en la ley Orgánica del Régimen Electoral General, no existe ninguna justificación para el que pretenda alterarlo ahora deprisa y corriendo y con la finalidad (de constitucionalidad más que dudosa como mínimo) de hacer efectiva esta alteración de manera inmediata.

Obra socialista

El sistema de incompatibilidades parlamentarias vigente en nuestro país no es obra de la derecha sino que es el resultado de la acción legislativa del partido socialista. Fue el partido socialista quien lo estableció en la primera legislatura en la que alcanzó el poder. Y es de suponer que para redactar la ley Electoral en este punto se procedería previamente a un estudio detenido de la cuestión con un análisis de las soluciones de derecho comparado.

¿Qué es lo que ha cambiado de 1985 a 1990 para que haya que modificar un elemento tan esencial de la vida política y de manera inmediata? Obviamente nada. El que se haya denunciado un posible caso de tráfico de influencias imputable a un familiar del vicepresidente del Gobierno, sin que nadie haya puesto en duda la honradez personal de este último, sino todo lo contrario, no puede ser respondido de esta manera.

El ahora os vais a enterar que el partido socialista parece querer decirle a los partidos de la oposición como venganza por su actuación de los meses pasados es un error grave y un error que perjudica al Gobierno más que a nadie, entre otras cosas porque es el Gobierno quien tiene que gobernar y quien va a verse afectado en esta tarea por el deterioro de la confianza política que una acción de este tipo conlleva.

Las reacciones de fortaleza asediada suelen ser malas. Las vengativas, todavía peores. El clima en este momento es más propicio a este tipo de posiciones. Justamente por eso debe ser el momento de la cordura y de los reflejos políticos razonables. Lo que importa en este momento es intentar reconstruir la confianza política seriamente deteriorada y no echar más leña al fuego. Sin ello, la acción de gobierno no será sino la crónica de un fracaso anunciado.

Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional y rector de la universidad de Sevilla.