El Gobierno anuncia la creación de un marco estable de tarifas telefónicas que no superen el IPC

El Consejo de Ministros aprobó ayer una subida media de las tarifas telefónicas del 7,3% para 1990. En el nuevo cuadro tarifario de Telefónica destaca el incremento de las llamadas urbanas, que sitúa el paso de contador en 3,90 pesetas, frente a las 3,50 actuales, lo que supone una subida del 11,43%. Asimismo, la cuota de conexión sube desde las actuales 11.000 pesetas a 21.000. En el caso de unidades familiares con ingresos inferiores a 600.000 pesetas anuales, la instalación del teléfono, que ahora costaba 5.500 pesetas, se sitúa en 6.500 con la subida. El acuerdo del Gobierno contempla también la creación de un nuevo marco tarifario estable que realmente constituye un nuevo hito en las relaciones de Telefónica con el Estado.

Por primera vez en los últimos diez años, Telefónica ha conseguido una subida de tarifas por encima de la previsión del Índice de Precios al Consumo (IPC), que este año es del 5,7%. Sin embargo, el acuerdo del Consejo de Ministros no va a sentar precedente, por lo menos según se deduce de las propias declaraciones oficiales: "El Gobierno tiene previsto estudiar la creación de un marco estable de tarifas telefónicas, mediante el establcimiento de un mecanismo de revisión para que sus incrementos medios en los próximos años no superen el índice de Precios al Consumo", afirmaba ayer en una nota pública el Ministerio del Portavoz del Gobierno.El reconocimiento de este futuro marco tarifario -similar al que se aprobó para el sector eléctrico- satisface uno de los grandes objetivos de Telefónica y será materializado previsiblemente en el contexto del futuro contrato que está siendo ultimado. El contrato regulará las nuevas relaciones entre la compañía y el Estado, representado en esta ocasión por el Ministerio de Transportes, que dirige José Barrionuevo.

Apoyo del Gobierno

Con independencia de las expectativas de futuro que se abren para la empresa que gestiona el monopolio, la subida de este año constituye en sí misma un respaldo evidente a la política de reestructuración de precios que Telefónica viene persiguiendo desde hace años. En efecto, la gran meta de Telefónica consiste en aumentar significativamente las tarifas urbanas, reduciendo en compensación directa las de carácter interurbano y, sobre todo, las internacionales.

La razón de este proceso es fácil de comprender si se tiene en cuenta que las llamadas urbanas, aún cuando constituyen el principal segmento de tráfico, tan sólo cubre un 20% de la cifra de ingresos por operaciones de la compañía.

Ello es debido a su bajo precio que contrasta, por otro lado, con el coste de producción. Cada llamada urbana le cuesta a Telefónica nueve pesetas y la compañía la cobra a 3,50 pesetas, que serán 3,90 a partir de ahora.

En cambio, las llamadas de larga distancia son en España mucho más caras que en otros países, lo que está provocando una pérdida de negocio en los tráficos internacionales que será aún mayor si la Comunidad Europea intensifica sus proyectos de liberalización dentro del sector de las telecomunicaciones. Ante esta eventualidad, Telefónica puede quedarse reducida a cubrir en solitario el servicio local, sobre todo el urbano, perdiendo la primacía que el monopolio le otorga ahora en los servicios internacionales, donde la competencia puede ser terrible en unos años. Por ello, ahora se ha decidido mantener invariable el precio de las llamadas internacionales.

Debate político

En cualquier caso, todo este análisis ha provocado un intenso debate en las relaciones mantenidas durante los últimos años por Telefónica y el Gobierno. El saldo había sido siempre el mismo; esto es, una negativa rotunda a la reestructuración, que tenía su principal opositor en el Ministerio de Economía y Hacienda. Este año las tornas han cambiado y pese al repunte inflacionista actual, el Ejecutivo ha apoyado los deseos de Telefónica que, a buen seguro, tendrán incidencia directa en el IPC. No en vano, de todo el cuadro tarifario de Telefónica, sólo las ]lamadas urbanas inciden en la elaboración del indicador general de precios.

A efectos de IPC, la subida que ha de tenerse en cuenta no es la media del 7,3% sino el 11,43% de incremento en las llamadas urbanas. Por lo demás, las tarifas interurbanas (entre 100 y 400 kilómetros) aumentan un 7%, mientras que las de larga distancia (más de 400 kilómetros) bajan un 4,44%. De acuerdo con el cuadro adjunto, las llamadas periféricas, cursadas desde los núcleos urbanos a sus ciudades-dormitorio, se reducen en un 10,01%, a la vez que se suprime la tarifa colindante, lo que supone un abaratamiento del 67,74% para las llamadas realizadas entre dos zonas periféricas de un mismo núcleo urbano (Getafe y Alcobendas, por poner un ejemplo).

Bajar la demanda

Por lo demás, la cuota de conexión que se paga en el momento de la instalación de un telefóno pasa a 21.000 pesetas en una subida récord, que supone prácticamente doblar el precio actual. El Gobierno ayuda de esta manera a reducir la demanda telefónica que ha obligado a la compañía a un importante esfuerzo inversor, sin que ello se traduzca realmente en una mejora significativa del servicio público.

Para el caso de las unidades familiares con rentas anuales inferiores a las 600.000 pesetas, la cuota de conexión que ahora costaba 5.500 pesetas pasa a 6.500. La cuota de abono mensual también sube, desde 920 a 1.000 pesetas, mientras que la cuota de abono de equipos terminales permanece invariable.