El fiscal jefe de Barcelona se opone al del Estado e insiste en querellarse contra Prenafeta

Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona, se opuso ayer a una orden del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, en la que se insta a practicar más averiguaciones antes de decidir sobre la presentación de la querella contra el secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta. El fiscal jefe de Barcelona entiende que la instrucción dada ayer por Torres "no es procedente porque no afecta al texto de la querella". La orden de Leopoldo Torres fue recibida ayer en la fiscalía barcelonesa tras haber requerido del fiscal general una orden clara y definitiva sobre la querella, después de que la acción judicial, cuya interposición era inminente, fuese paralizada el pasado martes.

El fiscal jefe barcelonés declaró ayer que las diligencias solicita das por el Fiscal general "tienen que ser resueltas en la fase de instrucción judicial". Por ello Jiménez Villarejo ha optado por acogerse al artículo 27 del estatuto de la carrera fiscal en el que se establece el camino para plantear objeciones a las órdenes de los superiores. Ésta es la primera vez que un fiscal jefe de una Audiencia como Barcelona se opone a una orden de la fiscalía general del Estado. Jiménez Villarejo tendrá ahora que exponer por escrito su criterio, que será sometido a debate por los miembros de la Junta de Fiscales de Sala, cuyo presidente es el fiscal general del Estado. Este último es la persona que tomará la decisión final.

Enfrentamiento

Carlos Jiménez Villarejo declinó ayer hacer comentarios sobre lo que constituye un enfrentamiento abierto con el fiscal general del Estado. Preguntado por esto, contestó: "El ejercitar en este caso el artículo 27 de nuestro estatuto es el mejor servicio que se puede hacer al ministerio público". "La decisión de acogerme al artículo 27 es mía y es una responsabilidad que asumo completamente", añadió. Cuarenta fiscales de la audiencia de Barcelona han solicitado a Jiménez Villarejo la convocatoria de una junta extraordinaria para discutir la decisión del fiscal general y la situación creada en torno a la querella contra Prenafeta.

La última orden del fiscal general solicita aclaraciones a dos cuestiones. La primera de ellas alude textualmente a la existencia o no en la realidad de la declaración de compatibilidades al parecer formuladas por un organismo dependiente de la Generalitat a la que se ha hecho referencia, sin más concre ción, en diversos medios de co municación". Con esto, la fisca lía general del Estado se hacía eco de la información de EL PAÍS en las que se recogía que el titular del Departamento de Gobernación de la Generalitat, Josep Gomis, había extendido una certificación que declaraba una compatible las dos actividades de Lluís Prenafeta, la del cargo de secretario general de Presidencia y la de consejero de la sociedad Iberia, Compañía Anónima de Seguros. La segunda cuestión se refiere a la necesidad de más indagaciones sobre las empresas con las que está relacionado Prenafeta, y concretamente sobre la recepción de avales y subvenciones otorgadas por el departamento de Industria de la Generalitat.

La orden del Fiscal general concluye diciendo que mientras no se aporte información sobre los dos extremos citados "la fiscalía general se reserva contestar a la consulta formulada sin que se aprecien razones de urgencia que obliguen a anticipar se en los términos pretendi dos", en referencia a la petición formal de autorización para interponer la querella. Lluís Prenafeta anunció el viernes que abandonaría el gobierno catalán el próximo 31 de mayo. Difícilmente para entonces se habría reunido la información solicitada, con lo que esta cuestión procesal sería decisiva.

Los artículos que se barajan en la querella contra el dimisionario secretario de la Presidencia de la Generalitat son el 198 y el 404, en los que se sancionan a los cargos públicos que tengan intereses en empresas con ánimo de lucro y efectúen operaciones mercantiles. En el último borrador de la querella también se hacía referencia a la posible existencia de un delito de falsedad en documento.

Villarejo explicó que el pasado 27 de febrero se reunio con Torres y con un inspector jefe de la fiscalía general en Madrid para tratar del primer borrador de la querella. "En esa reunión no se planteó ninguna duda ni problema sobre las indicaciones ahora formuladas por el fiscal general", subrayó.