Eficacia del control y control de la eficacia

Desde hace tiempo se viene produciendo una sorda lucha entre diversos sectores de la Administración acerca del control de las actuaciones de los poderes públicos. Ese conflicto, más o menos latente, ha pasado por diversos episodios, llegando en la actualidad a esgrimirse como el elemento desencadenante en la huelga de celo de los interventores del Estado.Por un lado parece plantearse la oportunidad de ampliar el concepto de control desde el ya clásico de legalidad a un campo en el que sea posible plantearse la eficacia de los actos administrativos, examinando los resultados de la política seguida, su relación con los objetivos planteados y los efectos o impactos producidos sobre los problemas que se pretendían resolver para así facilitar una mejor adecuación de las futuras actuaciones. Desde otra perspectiva parece que esas nuevas orientaciones se observan con preocupación, y se pretende ampliar el actual campo de competencias realmente ejercidas por parte de los interventores, a un. terreno más de valoración sobre la oportunidad de la actuación administrativa y de valoración sobre la eficacia obtenida.

Desde la primera de las perspectivas adoptadas el protagonista del control de la eficacia debería ser el gestor del gasto, es decir, el responsable de la actuación pública sujeta a escrutinio. Desde el otro lado se argumenta que ello provoca una confusión entre los campos propios de la gestión y el control, impidiendo una correcta valoración de la asignación de los recursos públicos. En esa pugna, llena de cautelas y interrogantes, ante lo que unos temen que se convierta en una traba más que dificulte la tarea y la capacidad de decisión de los gestores públicos, y lo que los otros sienten como amenaza a la centralidad de su posición en el funcionamiento de la Administración pública, se pierde el sentido final de lo que se debate: que la Administración pública española sea más capaz de dar respuesta eficaz y eficiente a los problemas que tiene planteados nuestra sociedad.

Volvemos a observar cómo de la lógica de la resolución de problemas se pasa a la lógica de la delimitación de competencias. Nuevamente observamos cómo el debate se desplaza del qué al quién. Existe muy poca literatura en España sobre qué quiere decir hoy por hoy control de la eficacia de las actuaciones de los poderes públicos, cómo medir resultados si apenas se determinan objetivos, o cuando se hace resultan de una tal ambigüedad o incluso multiplicidad que no permiten estructurar parámetros fiables de gestión. El debate sobre la evaluación de las políticas públicas está por hacer. Si en ciertos campos algo se ha hecho sobre indicadores de actividad, apenas si existen experiencias sobre cómo incorporar a los clientes o receptores de las políticas de actuación de los poderes públicos en la valoración final sobre lo conseguido.

En definitiva, la pugna ha vuelto a planear rápidamente sobre el casting de la película, cuando aún nadie sabe muy bien de qué va el guión. ¿Con qué parámetros, con qué instrumentos y con qué habilidades previas se va a realizar ese control de eficacia, si muy poco se sabe de la foto de partida, y mucho menos de la foto de llegada? ¿No sería mejor plantearse cómo avanzar en esas líneas antes de discutir el perfil del protagonista?