Leopoldo Torres paraliza la querella contra Prenafeta y suscita tensiones en la fiscalía barcelonesa

El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, paralizó ayer la presentación de la querella contra el secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta, acción judicial que se iba a interponer inmediatamente por la Fiscalía de Barcelona. La Fiscalía General del Estado ha argumentado la existencia de "problemas formales" que, en su opinión, impiden iniciar la acción judicial contra Prenafeta, según manifestó ayer Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona. La actitud del fiscal general generó tensión en la fiscalía barcelonesa, donde los fiscales estuvieron reunidos durante media mañana. Leopoldo Torres negó anoche a este periódico la paralización de la querella.

La respuesta del fiscal general del Estado a la consulta planteada por la fiscalía de Barcelona sobre la presentación de la querella contra el secretario general de la Presidencia de la Generalitat llegó a última hora de la mañana de ayer por medio de un fax. La máxima autoridad de la carrera fiscal indica en dicho documento que existen "problemas formales sobre puntos concretos" en el planteamiento de la querella, según afirmó Jiménez Villarejo. El fiscal jefe de Barcelona explicó que se trata de una discrepancia jurídica que no entra en el fondo de la argumentación. Jiménez Villarejo no precisó a qué tipo de problemas formales se refiere la Fiscalía General del Estado.[El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, había declarado pocas horas antes en un programa de televisión: "Estoy muy tranquilo por Prenafeta". Como reacción a la noticia de la dimisión de Prenafeta y de la existencia de una acción de la fiscalía, un dirigente de su par tido, Convergéncia Democráti ca de Catalunya (CDC), afirmó el sábado: "Me consta que la investigación fiscal no irá adelante, ya que así estaba pactado si dimitía Prenafeta" (véase EL PAÍS del 11 de marzo)].

El fiscal general del Estado negó ayer en conversación telefónica con este diario que hubiera paralizado la presentación de la querella y desmintió que hubiera argumentado sobre "problemas formales", contrariamente a lo que había informado por la mañana el fiscal jefe de Barcelona. "No he hecho nada", aseguró.

La fiscalía de Barcelona inició las investigaciones sobre las actividades privadas de Lluís Prenafeta hace unos dos meses, con el fin de averiguar si con su doble actividad -el cargo en el Gobierno catalán y el puesto de consejero de administración en Iberia, Compañía Anónima de Seguros- podía haber incurrido en irregularidad. Al finalizar las diligencias, la fiscalía llegó a la conclusión de que Prenafeta, quien el pasado viernes anunció que el 31 de mayo dimitirá de su cargo, podía estar incurso en dos figuras previstas en el Código Penal (artículos 198 y 404). En ellas se sanciona al cargo público que tenga intereses en empresas con ánimo de lucro y efectúe operaciones de tráfico mercantil.

La Fiscalía General del Estado fue informada de la investigación por medio de varias conversaciones y la semana pasada recibió una comunicación de la fiscalía de Barcelona.

Fuentes judiciales afirmaron ayer que la fiscalía general se ha visto sorprendída por la rapidez con que se ha concluido la investigación y la propuesta final de presentar una querella.

La respuesta de la Fiscalía General del Estado creó ayer malestar en la fiscalía de Barcelona. Varios de los fiscales más antiguos de la plantilla de Barcelona mantuvieron una reunión con Jiménez Villarejo durante toda la mañana, pues existía la impresión de que la fiscalía general no era favorable a iniciar una acción judicial, lo que se confirmó a mediodía.

Mientras tanto, el resto de la plantilla de fiscales permanecía a la espera de cómo se desarrollaban los acontecimientos. Algunos comentaron que en el caso de una negativa de Leopoldo Torres a dar vía libre a la acción judicial contra Prenafeta la fiscalía barcelonesa podría acogerse al artículo 27 del estatuto de la carrera fiscal. Esta disposición regula los mecanismos para las situaciones en que un miembro del ministerio público disienta de una orden de un superior. Consiste en argumentar por escrito la postura discrepante para que ésta sea sometida al criterio del Consejo Fiscal. Este órgano es la cúpula de la carrera fiscal y está presidido por el fiscal general del Estado. Uno de sus 14 miembros es Jiménez Villarejo.

La posible oposición de Torres a iniciar la acción judicial también ha provocado preocupación entre miembros de la plantilla barcelonesa ante las noticias publicadas sobre el fiscal general. Poco después de que dimitiera Prenafeta y se conociera la existencia de una acción de la fiscalía barcelonesa, el diario El Mundo dio a conocer la situación del Fiscal General cuando era miembro de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, cargo que simultaneaba con el asesoramiento a la empresa Prosegur. Torres ha asegurado que en esta etapa no intervino nunca en la discusión de proyectos de ley relacionados con empresas de seguridad y subrayó que su situación entonces era totalmente legal.