Ampliada en Andalucía la ley de Incompatibilidades para altos cargos

El Parlamento de Andalucía aprobó ayer, con el consenso de todos los grupos, la modificación de la ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración regional por la que se incluye en el ámbito de aplicación del texto legal al presidente de la Junta de Andalucía y al Consejo de Gobierno. La nueva ley, considerada como la más avanzada de España, impide que las actividades de los altos cargos se combinen con funciones en empresas relacionadas con el sector público hasta dos años después de su cese. También los obliga a declarar sus bienes antes y después de su mandato.La ampliación de la ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Administración andaluza se ha producido en pleno síndrome del tráfico de influencias, generado por las polémicas actividades comerciales de Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno. El texto legal primitivo, promulgado en abril de 1984, no incluía al presidente de la Junta de Andalucía ni a los miembros del Gobierno. Esta salvedad de la ley dio paso al llamado caso Sadesa, que saltó a la opinión pública al constituir el ex consejero de Salud de la Junta Pablo Recio una empresa de equipamiento sanitario pocos meses después de dejar el cargo.

La presión de la oposición parlamentaria, ejercida fundamentalmente por Izquierda Unida, forzó que el Parlamento se planteara modificar la ley de Incompatibilidades en vigor. Aunque la proposición para ampliar el texto legal, a iniciativa del propio Gobierno y con enmiendas de todos los grupos, entró en el registro de la Cámara en diciembre de 1988, el consenso parlamentario no fue alcanzado hasta enero de este año, coincidiendo con la aparición de las primeras informaciones periodísticas sobre los negocios del hermano de Alfonso Guerra.

Moralizar

La ley de Incompatibilidades, consididerada como la más progresista y avanzada del territorio nacional, tiene como objetivo, según se señala en su preámbulo, "moralizar la vida pública, aumentar la eficacia de la Administración y garantizar su independencia".

A efectos de la reforma de esta ley, los altos cargos están obligados a declarar sus bienes patrimoniales antes de: ocupar el puesto y tres meses después de terminar su mandato. Se consideran altos cargos, además del Gobierno, todos los puestos de libre- designación que implica especial confianza, como los viceconsejeros, delegados provinciales, directores generales o presidentes y directores de empresas públicas. Los altos cargos deben inhibirse también del conocimiento de los asuntos que se desarrollaron en sus despachos públicos y que interesen a empresas privadas, con inclusión del cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado civil.

Los portavoces parlamentarios coincidieron ayer en resaltar la importancia de la ley para garantizar la credibilidad de la administración regional.