Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El juez implica a un jefe del Ejército en el escándalo de la venta de bienes militares

El Juzgado Militar Central número 1, con sede en Madrid, ha apreciado indicios de implicación de un jefe del Ejército, cuya identidad no ha sido revelada, en el escándalo de la venta masiva e ilegal de equipos y uniformes militares en el que aparecen involucrados responsables de intendencia de acuartelamientos distribuidos por toda España. Así se deduce de la decisión del citado juzgado de declararse competente para tramitar las diligencias que le remitió recientemente un juez militar territorial de Sevilla en relación con dicho caso.

El juzgado sevillano se inhibió del tema porque la ley procesal castrense le impide procesar a un jefe del Ejército -militar con empleo igual o superior al de comandante- y reserva dicha potestad a los juzgados centrales.La decisión del juzgado central de declarse competente para tramitar las diligencias abiertas en Sevilla no implica necesariamente que vaya a ocuparse también de los restantes sumarios que, en torno al mismo escándalo, han abiertos jueces militares de Madrid, Valencia, Zaragoza y Burgos y los que, en un futuro próximo, podrían abrirse en al menos otras dos provincias (ver EL PAÍS del 22 de diciembre y del 11 de febrero).

Sin embargo, el juez está considerando la posibilidad de pedir la acumulación de todos estos sumarios y ha recabado información sobre las diligencias abiertas en el juzgado militar territorial número 14 de Madrid.

Fuentes del citado juzgado central se han negado a revelar la identidad del jefe militar implicado en el caso, alegando el secreto de sumario. Hasta ahora, sólo se conoce la existencia de 11 procesamientos; los de cuatro tenientes y siete suboficiales de Madrid, que estuvieron encarcelados durante un mes a finales del pasado año.

Inminentes procesamientos

En medios próximos a la investigación se considera inminente el procesamiento de los hermanos Arjonilla, los dos civiles propietarios de la empresa que comercializaba los bienes del Ejército.

El juzgado militar ha desprecintado hace pocos días el último de los tres almacenes que tiene dicha empresa en la provincia de Madrid, tras requisar unos 50.000 kilos de equipos y uniformes militares, según estimación de sus propietarios. El procesamiento de los Arjonilla podría producirse en cuanto finalice el inventario que realizan peritos de los tres ejércitos y se fije la correspondiente fianza a efectos de responsabilidad civil.

Los medios consultados afirman que "nunca podrá conocerse el importe total de lo sustraído" a la hacienda militar, pues el negocio funcionaba desde hace décadas y la contabilidad descubierta resulta muy fragmentaria". Además, sólo ha podido incautarse el material almacenado que aún no había sido vendido en el Rastro, revendido a los cuarteles o exportado al extranjero.

Andrés Planas, abogado de los Arjonilla, afirma que el material requisado a sus clientes había sido "adquirido legalmente en subastas" y sólo admite la existencia de "pequeños intercambios con algunos cuarteles, a requerimiento siempre de estos últimos". El abogado asegura que sus defendidos no tenían por qué conocer el carácter ilegal de estos intercambios, ni si los militares obtenían lucro de los mismos, y agrega que los Arjonilla actuaban "a la luz del día y con conocimiento de los mandos".

Aunque las diligencias se iniciaron en diciembre del año 1987, a raíz del descubrimiento de una furgoneta cargada con uniformes militares, a la salida del parque de intendencia de Sevilla, aquella investigación quedó truncada debido a cierta precipitación por parte de sus responsables, en opinión conocedores del caso.

Tras un año de paralización, cuando el negocio había vuelto a funcionar a pleno rendimiento, confiados sus responsables en la ineficacia demostrada por los órganos judiciales, el Juzgado Militar Territorial número 14 de Madrid ordenó la reapertura de las investigaciones y la intervención de los teléfonos de los implicados.

A través de una escucha telefónica se conoció la llegada a Fuenlabrada (Madrid) de un camión, procedente de Burgos, cargado con equipos militares, cuya detención destapó el escándalo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de marzo de 1990

Más información

  • El Juzgado Militar se declara competente para intervenir