Políticos, juristas y humoristas condenan la querella de la Fiscalía del Estado contra Ramón
La querella de la Fiscalía del Estado contra el dibujante Ramón, que publicó un chiste en el que un individuo había cambiado el nombre de Tribunal Constitucional por el de Prostitucional (Ya, 29 de enero), es condenada por humoristas, magistrados y políticos de la oposición, si bien algunos compañeros califican de poco afortunada la idea que expresó. Ramón quiere desdramatizar el tema: "El vilipendio tenía que ser castigado a un día sin postre".
Los humoristas de la Prensa nacional coinciden en señalar que la actitud del fiscal es exagerada. Ramón, según su propio testimonio, reflejó lo que decían los editoriales, la impresión que estaba en la calle, que la mayoría absoluta iba a acabar en manos del Tribunal Constitucional. "Entonces como la situación es de cachondeo, un señor se cabrea y escribe lo de prostitucional", dice. Compañeros de Ramón, como Máximo (EL PAÍS) no entra en delimitar la frontera entre la falta de respeto y la ironía, mientras que Churny Chumez (El Independiente) encuentra el chiste frívolo; Peridis (EL PAÍS), desafortunado, y Alfredo (Diario 16), algo fuerte.Chumy Chumez (El Independiente) considera "tan desmesurado el chiste como la respuesta, y la condena ya sería el colmo". Hace la siguiente consideración: "En nuestro trabajo hay que tener puntería. Ramón ha frivolizado la situación. Creó que se equivocó. El humorista tiene que atacar a través de un humor duro, pero documentado, no insultante. Pero Ramón sólo merece una riña".
Peridis (EL PAÍS) defiende que "el humor no quiere insultar". Pero considera que "el chiste no resultó afortunado porque no era un prodigio de ingenio" y que si se ha tramitado la querella es porque "todas las decisiones del Tribunal Constitucional están en el filo de la navaja. Como todavía estamos en la prórroga del partido, los espectadores saltan al campo, los árbitros están cansados y aún está en juego el campeonato. Lo raro es que sea el Tribunal Constitucional el que tenga que decidir la mayoría absoluta".
Alfredo (Diario 16) admite que "el chiste era algo fuerte, una crítica indirecta, tomando la palabra del pueblo, que la re presenta el tío de la brocha".
Para Mingote (Abc), "los chistes se fundan en la broma la gracia, nunca en la ofensa. Lo siento por el ministro de Justicia porque me caía simpático y ha hecho una estúpidez".
Forges (El Mundo) califica con la. prosa la decisión del fiscal: "En estos momentos el Gobierno está demostrando que tiene muchos sanchos, pocos quijotes, ningún gigante y ve demasiados molinos. Y como decía Shakespeare en La Tragediade Ricardo III, la hoguera se vislumbra al fondo siempre que la sonrisa florece".
Para Gallego y Rey (EL PAÍS), la querella significa que "desde el poder se están perdiendo los nervios". Y dicen: "El humor no puede tener límites. Si ellos [los políticos] carecen de sentido del humor se puede producir un conflicto irresoluble con la pérdida de libertades. Ramón pintó a un señor que había hecho una pintada, es decir, que él no se inventó nada, recogió una opinión que circula por la calle".
Máximo (EL PAÍS) apunta igualmente que "en una comunidad puede haber alguien discrepante y eso es lo que ha expresado Ramón. El autor no puede ser acusado". Aunque considera que "el texto puede ser considerado jurídicamente fuerte, la libertad de expresión no tiene límites y, por tanto, el insulto sería posible, pero jurídicamente sería reprobable".
Ramón, por su parte, no quiere conceder excesiva importancia al tema: "Lo que me preocupa es que mi hija me mire con ojos raros porque lee que su padre va a ir a la cárcel".
Defensa de Leopoldo Torres
Curiosamente en este caso, el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, confirmó ayer que defendió a Ramón por una cuestión semejante en 1975, aunque precisó que las circunstancias eran distintas.El magistrado Perfecto Andrés criticó la decisión de la fiscalía: "Creo que se hace un mal favor al prestigio del Tribunal Constitucional brindándole este tipo de 'protección', precisamente cuando es él quien ha llegado más lejos en la garantía de la.libertad de expresión. Criminalizar la crítica política es un gravísimo error de principio.
Miguel Bajo, catedrático de Derecho Penal, destacó que los humoristas tienen un mayor margen en el ejercicio de la libertad de expresión, porque nunca pretenden la injuria, sino la crítica por la vía del humor. Y Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho, afirmó: "Si el propio Tribunal Constitucional tiene un sentido tan amplio de la crítica y la libertad de expresión parece un exceso de celo del fiscal esta sobreprotección".
En los medios políticos de la oposición, la querella ha sido enmarcada en la "actitud agresiva" del Gobierno con los medios de comunicación. El portavoz adjunto parlamentario del Partido Popular, Luis Ramallo, dijo: "El PSOE es el partido querellador español".
