El consejero de Interior vasco no aclaró la denuncia de fraude en el juego

El consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan Lasa, no logró desvanecer ayer durante su comparecencia ante la comisión de Instituciones e Interior del Parlamento vasco las acusaciones de fraude y graves irregularidades en la gestión del juego en Euskadi. La sesión, de más de cuatro horas, acabó por convertirse en el escenario de una gran confusión de cifras que no acabaron de despejarse. Los principales grupos de oposición anunciaron que mantienen la solicitud de crear una comisión investigadora en la Cámara.

Ambos consideraron necesaria también una auditoría especial del Tribunal Vasco de Cuentas en el departamento de Interior y la Diputación Foral de Vizcaya para aclarar la concesión de licencias de máquinas tragaperras.El consejero Lasa, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), dio lectura a un informe de 63 folios repleto de cifras, cuadros comparativos y elogios a la actuación de su propio departamento. El consejero respondió a la sospecha de que existe una desviación de varios miles de permisos otorgados al margen de las exigencias legales, cargando la prueba en la Diputación de Vizcaya. Las diputaciones son competentes en el cobro de la tasa sobre el juego. Un decreto de junio de 1985 restringía la concesión de permisos para explotar tragaperras a que hubieran liquidado para entonces a las diputaciones la tasa fiscal correspondiente al año anterior.

A diferencia de los datos facilitados por las diputaciones de Álava y Guipúzcoa, nítidos y aceptados por todos, la Diputación de Vizcaya ha ofrecido informaciones abiertamente contradictorias. Según una respuesta del Gabinete de Prensa de la Diputación a este periódico en el verano pasado, habían pagado la tasa de 1984 en torno a 5.700 tragaperras con premio, tipo B. El consejero de Interior presentó ayer un certificado de la misma Diputación según el cual son 10.328 las máquinas al corriente del pago. EA y EE exhibieron, a su vez, otro certificado, siempre de la Diputación de Vizcaya. Este documento cifra en poco más de 714 millones de pesetas los ingresos por la tasa del juego en el año citado. Divididos entre las 125.000 pesetas del importe anual de la tasa, resultarían para los grupos de oposición poco más de 5.500 máquinas regularizables.

Tragaperras con premio

Las contradicciones se extienden al propio departamento de Interior. El director del Juego y Espectáculos, José Joaquín Portuondo, reconocía a mediados del año pasado, en una información escrita y muy detallada entregada a la cadena SER, la existencia de 18.970 tragaperras con premio en la comunidad vasca. Lasa dijo ayer que son en realidad 16.351. Como la oposición pidió explicaciones sobre una diferencia de más de 2.500, el consejero argumentó que ante los periodistas se improvisa mucho y se dice lo primero que viene a la cabeza.El consejero atribuye las contradicciones entre los diferentes certificados de la Diputación de Vizcaya a cuestiones de periodificación de los cobros e insinúa que para conseguir el afloramiento de máquinas tragaperras al margen de todo control fiscal se había obrado en Vizcaya con manga ancha suficiente como para admitir la liquidación de una parte de la tasa y no del total anual, como exigía el decreto. Las explicaciones, confusas en muchas ocasiones, no convencieron al portavoz de EE. Xabier Garmendia advirtió que o bien hay un gran descontrol administrativo o alguien está tratando de engañar al consejero. "Los datos y las cifras no cuadran", aseguró.

El portavoz de EA, Juan Porres, que había sido acusado por Lasa de manipular cifras en un informe elevado al Parlamento como paso previo a la petición de constituir una comisión investigadora, calificó de "no creíbles" las explicaciones y rechazó la información sobre lo sucedido en Vizcaya. Para Porres, el consejero de Interior no dice la verdad, bien porque conoce la inexactitud de sus informaciones o bien porque le han engañado terceras personas.

Porres arremetió también contra la justificación global de la política del departamento realizada por su titular. Según Lasa, "se ha cumplido el objetivo de reducir el parque de tragaperras" y se ha pasado de 30.000 máquinas ilegales en 1985 a sólo 160. El portavoz de EA acusó al consejero de presentar cálculos arbitrarios, imaginarios y sin ninguna base real.