El Gobierno y las autonomías 'firman la paz' por dos años con un coste para el Estado de 11.200 millones

Tras varios meses de negociaciones, ayer fue ratificada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para dos años. Para el acuerdo, suscrito por todas las comunidades autónomas menos Baleares, han sido decisivos los 11.200 millones de pesetas que el Estado ha puesto sobre la mesa. Todas las comunidades salen ganando, excepto Cataluña, el País Vasco y Navarra, lo que también permitió un pacto que supondrá abordar la reforma definitiva del sistema de financiación de las autonomías para 1992 en un clima de entendimiento. Según el acuerdo, el FCI será este año de 239.802 millones de pesetas, un 21,5% más que el año anterior.

La reforma del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) ha salido más cara de lo inicial mente previsto. Según la Ley que regula el FCI, el aumento para este año debería ser del mismo porcentaje previsto para la inversión civil del Estado (un 15%.). Tras el acuerdo ratifica do ayer por el Consejo de Política Fiscal y Financiera que preside el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, el incremento será del 21,5%.Esta diferencia se refleja en los 11.200 millones de pesetas que el Estado destinará a la financiación de las comunidades autonómas, por encima de lo que resultaría de aplicar el 15% de aumento a los 197.327 millones de pesetas destinados el pasado año, es decir, 227.000 millones de pesetas. La intención primera del Ministerio de Hacienda, al abordar la reforma, era que se respetaran los límites de la cuantía global, pero con una redistribución interna diferente entre las 17 comunidades autónomas.

El motivo de la reforma no es otro que quitar a las comunidades que se han beneficiado de un reparto del FCI al pie de la letra una cantidad para tras pasarla a otras más desfavorecidas. Con la legislación en la mano, comunidades como Cataluña y el País Vasco han visto durante los dos últimos años aumentar comparativamente más su FCI porque la variable del saldó migratorio ha jugado en su favor y en contra de las zonas más deprimidas.

Por ello, con el paso del tiempo, el FCI ha perdido parte de su razón de ser como instrumento de solidaridad, al que se añade su función como mecanismo para compensar las transferencias del Estado a las comunidades autónomas. Hacienda pretendía corregir estos resultados "imprevisibles y discordantes", sin coste añadido para el erario público y median te una redistribución interna.

Sin embargo, el acuerdo finalmente ha sido posible gracias a un coste adicional de 11.200 millones de pesetas, a que Cataluña ha aceptado crecer menos, a que el País Vasco disminuye un 13,3% y a que Navarra desaparece como receptora del FCI. Estas dos últimas comunidades tienen, sin embargo, pendientes de ajustar sus cuentas con el Estado; en el caso del País Vasco a través del culpo vasco y Navarra mediante un nuevo convenio fiscal.

Dos tramos

El resultado de este tira y afloja es que el FCI será este año de 239.802 millones de pesetas, un 21, 5% más que el año anterior. El FCI se divide en dos tramos; uno, el fondo propiamente dicho, en el que participan nueve comunidades autónomas -Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Canarias, Castilla y León, Valencia y Asturias- y que está dotado este año con 120.044 millones de pesetas. Estas nueve comunidades autónomas coinciden con las que reciben ayudas de la Comunidad Europea (CE) a través de los fondos estructurales.El segundo tramo es una compensación transitoria en la que participa el conjunto de las 16 comunidades autónomas -todas menos Navarra- y que está dotado con 119.758 millones de pesetas.

Para el reparto del primer fondo, el FCI propiamente dicho, se utilizan las siguientes variables: población (que pondera el 87,5%), superficie (3%), paro (I%), saldo migratorio (1,6%, antes ponderaba el 20%) y dispersión de población (6,9%). Además, se utilizan dos variables redistributivas: renta por habitante (20%) e insularidad (3,21 %).

El resultado de estas nuevas variables es que, por ejemplo Extremadura (contando los dos fondos) aumentará este año sus recursos en un 44,8%, y Castilla y León un 35,1%.

El problema que se presentó a la hora de repartir la compensación transitoria -es decir, si se tenía en cuenta la media de los últimos cinco años para aplicar los incrementos o la de el último año- se ha resuelto mediante una solución a la carta. De esta forma, Cataluña y País Vasco han optado por partir del año pasado aunque a cambio de que su incremento no fuera el de la inversión civil del Estado (15%), sino el de los ingresos por impuestos directos e indirectos (10,2%). El resto ha aplicado la media de los últimos cinco años y aumentan un 15%.

Camino despejado

Tras el acuerdo alcanzado ayer, con la única excepción de Baleares, queda despejado el camino para una reforma a fondo del sistema de financiación de las comunidades autónomas que debe entrar en vigor en el año 1992. El desacuerdo de Baleares viene motivado porque esta comunidad autónoma considera que la variable de población le perjudica al no tener en cuenta el número elevado de turistas que permanecen en las islas durante todo el año.La reforma del FCI acordada ayer será aprobada por el Gobierno en su reunión de mañana viernes, junto a los Presupuestos Generales del Estado para 1990.