El juez Garzón pide a Interior que le informe sobre el diálogo de Argel para procesar a la cúpula de ETA

El juez Baltasar Garzón ha dirigido oficialmente un escrito al ministro del Interior, José Luis Corcuera, en el que solicita detallada información sobre las frustradas negociaciones que tuvieron lugar en Argel entre representantes de la Administración y la cúpula de ETA. El propósito del magistrado es utilizar la información para procesar por inducción al asesinato a los dirigentes de la organización terrorista. La petición ha sido acogida favorablemente en medios de Interior, y se ha anunciado que emitirán una respuesta minuciosa acorde con la solicitud del juez.

Baltasar Garzón ha realizado la petición dentro de las investigaciones que realiza para deslindar las responsabilidades penales derivadas del atentado que miembros de ETA llevaron a cabo el 22 de noviembre de 1988 contra la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid. En aquella acción, consistente en la explosión de un coche bomba, resultaron muertos el directivo de largometrajes de TVE Jaime Bilbao Iglesias, de 38 años, y el niño Luis Delgado Villalonga, de dos años y medio. Otras 20 personas, 14 de ellas de gravedad, resultaron heridas por efecto de la onda expansiva.La comisión directa del atentado fue atribuida a un comando itinerante de ETA Militar, aunque este extremo no ha llegado a demostrarse. Sin embargo, la dirección de ETA, en una entrevista concedida tres semanas después del atentado al entonces director de Diario 16, Pedro J. Ramírez se responsabilizaba del mismo, lamentaba las víctimas inocentes, pero insistía en que seguirían atacando los objetivos militares y policiales españoles.

El periodista autor de la entrevista fue citado a declarar por el juez en el sumario abierto por el atentado, pero se acogió al secreto profesional para no revelar qué dirigentes de la organización componían la dirección de ETA. Pedro J. Ramírez aseguró que sus interlocutores habían sido los máximos responsables de la organización y que, como explicaba en el periódico, éstos habían ordenado y asumido el atentado.

Datos y pruebas

El juez, con el fin de procesar a los integrantes de la dirección de ETA, ha solicitado a Interior que se le comunique quién participó como interlocutor por parte de ETA en las negociaciones de Argel. También pregunta quiénes de los dirigentes etarras tenían capacidad de decisión, y, en definitiva, quiénes forman la cúpula de la organización. El magistrado pide documentos y otros medios de prueba que certifiquen la respuesta de Interior, para que puedan ser utilizados en el proceso ser exhibidos en el correspondiente juicio.

Fuentes del citado departamento han destacado que la disposición del ministerio es inmejorable para todo aquello que sirva para combatir el terrorismo y han anunciado que se proporcionará al magistrado la información solicitada y toda la documentación y pruebas que sobre la cúpula de ETA tengan en su poder.

La mayoría de los dirigentes de ETA que se encuentran en Francia no tienen causas pendientes en España, o están reclamados por delitos comparativamente poco importantes para su responsabilidad cualitativa., Las autoridades judiciales francesas no conceden su extradición por la escasez de cargos contra ellos y la endeblez de las pruebas que suelen existir contra ellos. Un ejemplo reciente es el de Eloy Uriarte Guereño, Señor Robles, considerado responsable de las finanzas de ETA, que, tras ser detenido, fue puesto en libertad, a pesar de que las autoridades judiciales españolas solicitaron su extradición por estar procesado en el sumario de Sokoa.

Inducción

Por lo general, como responsables de los grandes atentados, sólo los autores materiales suelen resultar detenidos, procesados y condenados, pero no los dirigentes que ordenaron las acciones terroristas, que, de acuerdo con el Código Penal, podrían ser condenados por inducción al delito. Concretamente el bombazo contra la sede de Guardia Civil constituye delitos de atentado terrorista, dos asesinatos consumados, varios asesinatos frustrados, lesiones y estragos, entre otros.

En la entrevista realizada por Pedro J. Ramírez, la dirección de ETA se responsabilizaba de los atentados contra la sede de la Dirección General de la Guardia Civil del 22 de noviembre de 1988, contra la casa cuartel del mismo instituto armado en Zaragoza en diciembre de 1987, en el que murieron cinco niñas, dos mujeres y cuatro agentes, y contra el hipermercado Hipercor, en Barcelona, en junio de 1987, donde murieron 21 personas. La investigación y persecución de los atentados de Zaragoza y Barcelona se realiza en otros juzgados. El caso de Hipercor ya fue juzgado, y los miembros del comando Barcelona resultaron condenados a más de 30 años de cárcel, la máxima pena que puede cumplirse en España. Por este hecho se encuentra procesado como inductor el dirigente de ETA Santiago Arróspide, Santi Potros.