Los sectores progresistas optan mayoritariamente por el aborto libre hasta las 12 semanas de gestación

Las militantes del PSOE se inclinan por la futura regulación del aborto a través de la denominada ley de plazos, que permitiría a la gestante decidir hasta un determinado momento si interrumpe su embarazo. La ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, en una referencia a esta posibilidad, declaraba recientemente que, fruto de la revisión legal, "la mujer debe ser quien decida". La ley de plazos parece ser la favorita entre los sectores progresistas. Aunque Justicia no se pronuncia, asociaciones de mujeres afines al PSOE, defensores de la sanidad pública y la izquierda parlamentaria lo piden abiertamente. Las feministas van más allá, y han plasmado en un texto su consigna de aborto libre y gratuito, sin límite de plazo.

"El denominado cuarto supuesto, en el que la mujer puede alegar para abortar razones socioeconómicas que le impedirían mantener a su futuro hijo, volvería a dejar en manos de los aplicadores de la ley, o sea, los jueces, la decisión de quien puede interrumpir su embarazo y quien no", asegura la senadora socialista Amparo Rubiales. "No traería más que inseguridad jurídica, lo mismo que ocurre ahora", afirma.Dolors Renau, responsable de la secretaría de Asuntos de la Mujer de la Ejecutiva del PSOE, cree que existe un "sentir generalizado" entre las mujeres socialistas de que la ley de plazos es la solución auténtica. Esta opción "fue incorporada a raíz de los últimos acontecimientos", dado que el PSOE había hablado más de la indicación socioeconómica. "El partido está reflexionando sobre este tema y se pronunciará", aseguró.

Cuestión de tiempo

La Federación de Mujeres Progresistas (FMP), afin al PSOE y constituída por 37 asociaciones de mujeres y 10.000 miembros, propondrá a los ministerios de Sanidad, Justicia y Asuntos Sociales que la ampliación del Código Penal sea una ley de plazos "para que la mujer pueda abortar gratuitamente hasta las 12 o 14 semanas de gestación", según afirmó su presidenta, Lucía Ruano.

Rubiales es partidaria de una ley similar a la propuesta por la FMP, "siempre que después del plazo establecido, existan unas severas indicaciones médicas que determinen quien puede abortar". Carmen Martínez Ten, directora del Instituto de la Mujer, afirmó que la modificación está en fase de estudio y que se han remitido dictámenes jurídicos al Ministerio de Justicia, entre ellos los que analizan la ley de plazos y el cuarto supuesto. "Se encargarán también estudios a penalistas y a expertos en derecho constitucional", explicó. El objetivo es conseguir una ampliación que, para Martínez Ten, "suprima los problemas que han surgido hasta ahora, que sea realmente aplicable y lo más beneficiosa posible para la mujer", resumió la directora, sin especificar más. Justicia no tiene una postura oficial. "Hay diferentes juristas y especialistas estudiando el tema", indicaba ayer un portavoz que no matizó si el departamento se inclina por el cuarto supuesto o por los plazos.

El grupo parlamentario de IU presentará la semana que viene en el Congreso una proposición de ley que contemple el aborto libre y financiado por la Administración durante las 12 primeras semanas del embarazo, según ha anunciado Cristina Almeida.

Seguridad y consignas

Marciano Sánchez Bayle, de la progresista Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), reclama una ley de plazos como "la única solución posible, ya que los supuestos de despenalización podrían ser investigados por los jueces hasta la saciedad, como ha ocurrido en el reciente proceso de Pamplona [en el que se juzgaba a tres ginecólogos que habían practicado un aborto a un joven que había recibido radiaciones]. Además, la modificación debe ser una ley, para que pueda regularse la objeción de conciencia del personal sanitario de una vez".Este médico cree que la frontera de las 12 a 14 semanas responde a que "está demostrado que hasta ese momento no existen riesgos para quien aborta". El cuarto supuesto "no sería más que un intento de escapar a la realidad".

Las feministas han plasmado en un proyecto de ley su sempiterna consigna de aborto libre y gratuito coreada en muchas manifestaciones. Así, el preámbulo asegura que el proyecto surge de la "defensa irrenunciable del derecho de las mujeres a una sexualidad libre y autónoma".

Su artículo tercero indica que "podrá abortar toda mujer que lo desee", según el texto suscrito por la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español, integrada por 100 asociaciones. El proyecto no hace referencia a plazos para la interrupción del embarazo.

Confidencialidad

El aborto sería gratuito en los centros públicos y el personal no podría negarse a practicar la interrupción del embarazo. Quedaría garantizada la intimidad de la mujer quedando sometido su historial clínico al secreto profesional. Tras la solicitud de la mujer, ésta deberá ser informada sobre las diferentes técnicas del aborto, que deberá efectuarse en los siete días siguientes. "Queremos que la interrupción del embarazo sea considerado un acto médico más y que no esté rodeado de tanta anormalidad", aseguró ayer Empar Pineda, miembro de la coordinadora. Pineda, igual que la senadora socialista Amparo Rubiales, acusa a los sectores conservadores de llevar a cabo una campaña de penetración ideológica en centros de enseñanza en contra de la despenalización del aborto.

Por su parte, Ángel Suquía, presidente de la Conferencia Episcopal, declaró ayer en Valencia que le sorprendía que se anunciase la ampliación de la despenalización del aborto "porque en el Programa 2.000 del PSOE no aparece el proyecto de ampliar los márgenes de la ley", informa Europa Press.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 07 de febrero de 1990.

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