Gil estudia llevar a los tribunales a la Liga de Fútbol y negocia con TVE nuevos acuerdos
Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid, está dispuesto a denunciar ante los tribunales a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) si ésta impone a su club, como ha anunciado, una multa de dos millones de pesetas por impedir la entrada de las cámaras de Telemadrid al estadio Vicente Calderón. "Los abogados de Gil sostienen la tesis de que la LFP no tiene capacidad legal para negociar los derechos de imagen de los clubes. En base a estas tesis, Gil se reunió el martes con directivos de Televisión Española, de quienes ha recibido una importante oferta por los partidos del equipo rojiblanco.
Gil no está de acuerdo con el contrato suscrito entre la LFP y las televisones autonómicas sobre los derechos del fútbol en televisión. La postura de Gil en este tema se ha ido endureciendo en los últimos días y ha desencadenado en un conflicto entre el Atlético de Madrid y Telemadrid, a la que el club rojiblanco reclama 75 millones de pesetas en concepto de indemnización y, según una carta dirigida ayer a su director, Pedro Erquicia, amenaza con no dejar entrar sus cámaras mientras no la pague. Por esto último, la Liga impondría una multa al Atlético de dos millones de pesetas. Gil, a su vez, estudia iniciar una batalla legal contra la LFP. Para ello, el presidente del Atlético ha dado orden a sus abogados de que presenten, de recibir la anunciada multa, una demanda contra la LFP.Sin embargo, algunas fuentes señalan que detrás de las discrepancias de Gil con el canal madrileño hay algo más. El presidente del Atlético no está de acuerdo con el contrato suscrito sobre los derechos del fútbol e intenta negociar unilateralmente la venta de las imágenes de sus partidos; con las televisiones que crea oportuno. Para lograr su objetivo, Gil y sus abogados han estudiado dos alternativas: abandonar la LFP o, la recomendada por el abogado José Luis Sierra, luchar en los Juzgados.
Competencias
El abogado de Gil sostiene que la LFP no tiene competencias para negociar con las imágenes de los partidos del Atlético. "Tres estamentos han considerado insuficiente la representatividad de la LFP: la asesoría del Consejo Superior de Deportes, la abogacía del Estado y la Tesorería General del Estado. Así se ha visto cuando la LFP ha negociado con alguno de estos organismos, que no se han conformado con la comparecencia del presidente de la Liga, Antonio Baró. Sin ir más lejos, cuando el anterior secretario de Estado para el Deporte, Romà Cuyàs, negoció con Baró el plan de saneamiento, la abogacía del Estado exigió auditorías a los clubes y la firma de cada presidente. Así hacía ver que la Liga no era competente para negociar sola".Un portavoz de la Liga Profesional señaló ayer a EL PAÍS: "Tenemos las competencias que los clubes nos han dado, y eso también vale para la televisión. La prueba está en que se convocó una asamblea general para ratificar el contrato de venta de los derechos televisivos. Gil estuvo y el documento se aprobó con su voto".
Mientras se inicia la batalla legal, Gil ha mantenido conversaciones con representantes de canales de televisión. El pasado martes, el presidente del Atlético almorzó en un restaurante de Madrid con destacados directivos de TVE. Entre ellos estaban el director de TVE, Alfonso Cortés Cavanillas, y el de deportes, Julio Bernárdez.
Según algunas fuentes, TVE, que el próximo año no podrá ofrecer imágenes de los partidos de la Liga, intentaría hacer causa común con el Atlético para que el contrato con las televisiones autonómicas se rompa. Sobre estas negociaciones, Gil afirmó: "No hablo de este asunto. No quiero líos. Hablen ustedes con quienes les ha informado de esta reunión". Ante la insistencia por conocer más detalles, Gil indicó: "No se habló de rescindir el contrato de la Liga con las autonómicas. Con TVE tengo otros asuntos que tratar".
El Celta reclama
Por otro lado, el Celta de Vigo reclama a la Televisión de Galicia (TVG) 100 millones de pesetas por la transmisión de los partidos con el Real Madrid y la Real Sociedad, informa . En caso de impago, la directiva no permitirá la entrada de sus cámaras en Balaídos.
