Leopoldo Torres: "Defenderé a la mayoría frente a la minoría"
Leopoldo Torres Boursault, nuevo fiscal general del Estado, aseguró ayer que desea que el Ministerio Fiscal defienda "los derechos de la mayoría frente a los ataques de conductas antisociales, afortunadamente minoritarias". La llegada de Torres a la fiscalía general del Estado ha sido recibida por la Unión Progresista de,Fiscales (UPF) -la asociación de fiscales menos alejada ideológicamente del PSOE- con una petición de que se comprometa "con los valores constitucionales del Estado social y democrático de derecho".En su primera conferencia de prensa como fiscal general -del Estado, Torres mostró q'ue accede al cargo con actitud dialogante. Consideró que el proceso debe ser público, pero "no así la fase de instrucción", dijo, "por la eficacia de la investigación, así como por preservar la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad de las personas que pueden verse involucradas".
Torres reiteró su criterio de que el fiscal general del Estado .es un cargo de confianza del Gobierno" y trató de "deshacer el equívoco", dijo, sobre su vinculación con el PSOE. Para ello, explicó que perteneció al PSOE y UGT desde 1973 hasta la fecha (le su nombramiento y se mostró "orgulloso de haber pertenecido a ese partido democrático", al tiempóque afirmó: "Sigo teniendo mis ideas", que estimó compatibles con "la exigencia de imparcialidad" y "el no sometimiento a disciplina". Reconoció que puede ser destituido por el Gobierno, pero aseguró que esa condición de interino "no limita mi libertad".
Prioridades
Entre sus prioridades, Torres resaltó "la lucha contra el terrorismo, la inseguridad ciudadana, el tráfico de drogas, la,imprudencia en la conducción de vehículos -que produce 6.000 muertos al año-, la destrucción del medio ambiente y el fraude alimentario y a la- Seguridad Social".
Sobre el proceso contra los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), asumió la actuación de Javier Moscoso y anuncié que se ejercerá la acusación contra los policías procesados. Mantuvo también que la fiscalía tratará de "que no se produzcan daños irreparables ni muertes lamentables" entre los presos en huelga de hambre y estimó que no es el el momento para la liberalización del tráfico y consumo de drogas.
Ante el relevo en la fiscalía general del Estado, la UPF ha reclamado un compromiso con la Constitución y ha advertido que, frente a "la tensión entre derecho y política", es necesario reforzar los órganos democráticos de la fiscalía "para que la desconfianza no erosione su prestigio". La presidenta de la UPF, María Ángeles García, desarrolló estas ideas en un documento que obtuvo el pasado fin de semana el aplauso de los asistentes al congreso de Gentes del Derecho, celebrado en Valencia.
La presidenta de la UPF recuerda que legalmente el fiscal es " un órgano del Estado, no del Gobierno ( ... ), abierto a todos los impulsos de la sociedad". En cambio, resalta que "si el fiscal general no resuelve conforme a lo interesado por el Ejecutivo, éste puede reaccionar cesándole, máxime si las discrepancias son frecuentes, y esto le convierte", afirma, "en un interesado privilegiado".
El riesgo del "vasallaje"
García pide reformas legales que refuercen los órganos democráticos del Ministerio Fiscal -juntas de fiscalía y consejo fiscal- y se opone a cualquier modificación que facilite "la instrumentalización futura de la institución, convirtiendo el principio jerárquico en una relación de vasallaje". Por el momento, la presidenta de la UPF manifiesta que "la mediatización del Ministerio Fiscal por el Ejecutivo cobra perfiles virulentos y es sacada del quicio legal cuando se trata de atribuirle la investigación oficial".
