El PP propone que sea delito el tráfico de influencias

El Partido Popular apoyó ayer por escrito la solicitud hecha por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para que el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, comparezca en el primer pleno que celebre el Congreso de los Diputados y explique su comportamiento ante los negocios de su hermano Juan. El Grupo Popular presentó en la Cámara una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a regular el funcionamiento de los lobies o grupos de presión económica. También presentó formalmente en las Cortes las nueve preguntas dirigidas al Gobierno para que explique si ha existido tráfico de influencias en las actividades de Juan Guerra. Asimismo, propuso una tipificación del delito de tráfico de influencias que admite la investigación del "cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos u afines en los mismos grados del alto cargo" que se ha denunciado. El Grupo Parlamentario Popular intentó ayer subsanar la insuficiencia reglamentaria en la que incurrió Izquierda Unida al pedir la comparecencia de Alfonso Guerra -iniciativa que requiere el apoyo de dos grupos parlamentarios o la quinta parte del total de diputados- y dirigió un escritur a la Mesa de la Cámara en el que apoya el requerimiento hecho el vicepresidente del Gobierno. Fuentes del Palacio de la Moncloa, después de haber trascendido ayer, a través de fuentes gubernamentales, la previsión de que Guerra efectivamente comparecerá en el primer pleno del Congreso, fuentes del Palacio de la Moncloa se esforzaron ayer en sostener que "todavía no hay ninguna decisión oficial al respecto".El portavoz adjunto del Partido Popular, Luis Ramallo, presentó ayer una proposición de ley orgánica en la que se define el tráfico de influencias y la información privilegiada para crear sendas figuras delictivas y establecer la pena de arresto mayor y multa de tanto al duplo del valor del beneficio obtenido. El PP entiende por tráfico de influencias "aquella actividad de aproximación, inducción o persuasión ante las administraciones o poderes públicos, autoridades o funcionarios, o de intervención ilegítima en asuntos o negocios pertenecientes a la esfera pública, practicadas con el fin de incidir en la formación de voluntad de los órganos administrativos o sus titulares, y obtener de este modo beneficios patrimoniales para sí mismos o para, terceros".

El Grupo Popular sostiene que debe ser considerado un delito de abuso de información privilegiada "la utilización, por quien ostenta un alto cargo o lo ha ostentado en los dos años anteriores, de informaciones o datos de los que haya tenido conocimiento en razón de su cargo, con el fin de obtener un beneficio patrimonial para sí o para terceros".

Ambos supuestos serán de aplicación tanto a los parlamentarios nacionales y autonómicos como a los concejales, miembros de las diputaciones provinciales, los integrantes de órganos designados por las Cortes Generales o los Parlamentos autonómicos, así como los cargos de las administraciones públicas nombrados por decreto. El PP matiza que "se entenderá que existen indicios racionales de tráfico de influencias o manejo de información privilegiada cuando el alto cargo no justificare, al ser debidamente requerido, la procedencia de un incremento considerable de su patrimonio, posterior a la toma de posesión de su cargo, y hasta el plazo de cuatro años desde que cesare en el mismo".