La juez Carmena afirma que Justicia incumplió un pacto

Manuela Carmena, juez de vigilancia penitenciaria de Madrid, manifestó ayer a este periódico que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias incumplió un pacto con seis presos de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) para que concluyeran una huelga de hambre.

A raíz de la denuncia de la madre de uno de los presos, la magistrada, ante la que se formalizó el pacto, investiga los motivos por los que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias incumplió el ofrecimiento de mantener agrupados a los seis presos citados.

Carmena asegura que el pacto se produjo en octubre último y afectaba a los presos Antonio Pedrero Donoso, Joaquín Calero Arcones, Fernando Hierro Chomón, Juan Manuel Pérez, Francisco Brotons Beneyto, José Ramón Teijelo y Juan García Martín, que se encontraban en el Hospital General Penitenciario de Madrid a consecuencia de una huelga de hambre para pedir mejoras en las condiciones de vida de la cárcel.

En presencia de la juez

A fin de que dieran por terminada la huelga de hambre, el inspector de la Dirección de Instituciones Penitenciarias Ángel López Baeza y la subdirectora de Sanidad Ángeles Granados se comprometieron, delante de la juez Carmeria, a mantener a los seis presos en un mismo centro penitenciario.El 10 de noviembre los seis presos de los GRAPO fueron trasladados a diferentes cárceles, ante lo cual Rosario Beneyto, madre de uno de ellos, se quejó a la juez de vigilancia penitenciaria, a la que consideraba garante del pacto, y le pidió que ordenara "el cumplimiento de los acuerdos establecidos por la Dirección General de Instituciones, Penitenciarías". Unas semanas después se produjeron varios atentados terroristas, cuya autoría fue reclamada por los GRAPO, en los que perdieron la vida dos personas.

La queja de la madre de Francisco Brotons desencadenó una investigación judicial, que ayer continuaba en marcha, con carácter previo a la resolución que la magistrada decida adoptar.

Tras obtener la información de que la decisión de dispersar a los seis presos fue acordada por el director general de Instituciones Penitenciarias Antoni Asunción, la juez Carmena se entrevistó con Asunción y realizó una diligencia de constancia.

En el documento judicial se especifica que "delante del director general el inspector Ángel López Baeza reconoció haber prometido por orden de la subdirectora de Sanidad a los internos en huelga de hambre que estarían juntos en una prisión donde podrían tener un cuarto para sus actividades".