KIO reconoce que un solar de los previstos para las torres de la plaza de Castilla no pertenece a Urbanor

Alfredo Fraile, portavoz de Prima Inmobiliaria, desmintió ayer las informaciones proporcionadas por la Asociación de Vecinos de San Cristóbal, según las cuales el Estado era aún propietario de cuatro parcelas del conjunto de solares donde el grupo kuwaití KIO tiene el proyecto de construir dos torres de 27 plantas.Fraile afirmó que la única parcela del conjunto que pertenece al Estado es la denominada I-3, de 1.082 metros cuadrados. El portavoz de Prima Inmobiliaria aseguró que no conoce nada sobre las otras tres parcelas. "Puede que se refieran a los terrenos donde se va a construir el intercambiador... no lo sé. Lo que es cierto es que todos los solares del proyecto, menos el ya citado de 1.082 metros cuadrados, están registrados a nombre de Urbanor". [Tanto Prima Inmobiliaria como la constructora Urbanor, SA, son parte del grupo KIO en España].

Fraile añadió que el Ministerio de Transportes había informado favorablemente la cesión de la citada parcela.

El abogado de la asociación de vecinos insiste, sin embargo, en que, al margen de la parcela I-3, de 1.082 metros cuadrados hay otras tres parcelas, la I-1, I-2 e I-4, cuya extensión, de 10.000 metros cuadrados en total, coinciden con lo que es la calle Agustín de Foxá, y que forman parte del patrimonio del Estado y no han podido ser cedidas ni al Ayuntamiento ni a Urbanor.

El portavoz jurídico de la asociación recordó que en noviembre de 1989 se dirigieron a la Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, para denunciar la actuación de la Dirección General de Infraestructura del Transporte.

Cesión denegada

A raíz de esa denuncia, el subdirector general del Patrimonio del Estado, Vicente Santamaría, envió un escrito a Transportes en el que le recordaba que no estaba permitido traspasar la propiedad de las parcelas. En dicho escrito se pedían explicaciones a Transportes del destino de las parcelas I-1, I-2 e I-4, "en especial si se ha procedido a inscribir a su favor [del Estado] las citadas fincas".De hecho, aunque hubo informe favorable por parte de Transportes para ceder la parcela I-1, la propia dirección del Patrimonio del Estado denegó dicha transmisión de propiedad el 18 de julio de 1989.

La asociación de vecinos considera que la actuación del director general de Infraestructura del Transporte, Antonio Alcaide, ha sido lesiva para los intereses del Estado y de los ciudadanos. El pasado 11 de diciembre, la asociación presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional contra Alcaide y Agustín Rodríguez Sahagún, como responsable político último de la actuación municipal, por un presunto delito de usurpación de bienes públicos. Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con Alcaide.