'Fedde pubblica'

En las últimas semanas me ha parecido detectar un aumento de las cotas, ya de por sí altas, de recelo y desconfianza hacia las instituciones públicas. Como el propio editorialista de EL PAÍS ha puesto de manifiesto en relación con las irregularidades descubiertas durante las recientes elecciones, la falta de fe en las instituciones constituye un serio peligro para la estabilidad del entramado social y político. Abundando en ello, quiero resaltar la importancia que la confianza mutua entre los agentes sociales tiene para el desarrollo económico de una sociedad.Existe la tesis, por, la que siento una particular afinidad, que halla en las formas de relación personal e institucional la explicación de los distintos niveles económicos de las sociedades, asociando la buena marcha de la economía a un determinado talante. De acuerdo con una terminología aceptada, me gusta llamar a este talante la ética del republicanismo clásico, porque tiene como referencia, sin duda idealizada, la Roma republicana y la Atenas de Pericles. Para mí es una tesis más -grata que la célebre defendida por Weber sobre la estrecha asociación entre la ética de trabajo protestante y el desarrollo del capitalismo.

El elemento crucial del republicanismo clásico es la hegemonía del interés público sobre el interés privado. En la escenografía republicana clásica, la virtud de Bruto de anteponer los intereses del común sobre los de la inmediata familia es paradigmática de esta ética. Su prevalencia permite que gente perteneciente, a grupos diferentes se tenga mutua confianza.

La idea que quiero exponer afirma que en las sociedades en las que la confianza pública es el principio social dominante el progreso económico es más fácil. Para ilustrar está tesis quiero utilizar un ejemplo que no nos es del todo ajeno a los españoles. Me refiero a las causas de la decadencia del reino de Nápoles, que pasa de ser una sociedad floreciente durante el dominio catalanoaragonés a convertirse en una sociedad depauperada tras la llegada de los Habsburgo españoles.

Me baso para ello en un trabajo del historiador Anthony Padgen que recoge las opiniones de dos economistas napolitanos del siglo XVIII, Doria y Genovesi, de los cuales el último es posiblemente el primer profesor de comercio de la Universidad europea.

De acuerdo con la interpretación de estos tratadistas, los reyes españoles consiguen, de forma, premeditada, la destrucción de las normas sociales del Nápoles catalanoaragonés que daban amparo al crédito mutuo de los ciudadanos. Según Doria, Felipe II se propone empobrecer el reino para que resulte fácil mantenerlo sometido. Con este fin, la política de hispanización sustituye sistemáticamente los valores, basados en la confianza mutua (fedde pubblica) por unos valores centrados en el amor propio y en la honra personal. No es difícil imaginar que un hombre que antepone su honra a las normas sociales acaba por convertirse en su propio legislador, y dificulta, por tanto, la posibilidad de confiar en él.

Esta subversión de las normas de convivencia es la que conduce al hundimiento de la economía. En palabras de Doria, "el comercio es un arte que une a los hombres en la sociedad civil de manera que se presten mutuo apoyo, con lo que ni la distancia ni ninguna otra consideración impide la ayuda mutua". El comercio y su florecimiento van íntimamente unidos a la ética secular del republicanismo clásico.

Se ha querido encontrar el antídoto contra los factores que frenan el avance económico en la ética protestante del trabajo, a lo Weber, o en el lucro personal como motor de la economía nacional, a lo Smith. A mí, en particular, me atrae más una doctrina como la expuesta, que explica el avance, o retroceso económico en función de la confianza mutua y de la fe pública. Estos elementos, no se olvide, dependen crucialmente de la información que se tenga sobre los demás; es decir, de la transparencias de las decisiones personales y sociales.

No creo que este enfoque se halle muy lejos de la atención que presta la teoría moderna del desarrollo económico a las instituciones y a las relaciones entre las personas, como razones principales de las diferencias entre regiones ricas y pobres.

Como es sabido, dar cuenta de los diferentes niveles de renta y crecirniento constituye una de las cuestiones capitales en el estudio del desarrollo económico. Hasta no hace mucho, la explicación habitual aseguraba que las regiones pobres eran iguales a las ricas, sólo que más pobres, con menos capital. Un diagnóstico como éste exigiría un tratamiento obvio: aumentar los recursos de las regiones menos desarrolladas, en particular con transferencias de las regiones más ricas.

Tanto por razones teóricas como por la desastrosa evolución reciente de los países menos desarrollados, esta interpretación ha ido perdiendo credibilidad. Es en la organización social, en la de los individuos y las instituciones que median estas interacciones, donde hay que buscar, dice la teoría moderna, el origen de las diferencias.

Si esto es así, resulta que el mero desarrollo económico, por no hablar de la estabilidad política y social de un país, exige la consolidación de una ética de respeto y confianza hacia las personas y las instituciones.

Por cierto que la aceptación de este análisis debería afectar al diseño de la política de solidar¡dad entre nuestras regiones. De ser correcta la tesis aquí expuesta, sería un error centrar la política de desarrollo regional en la simple transferencia de recursos de las comunidades ricas y pobres. Tanto más si, como constatan trabajos recientes sobre desigualdad y pobreza en España, la desigualdad económica existente dentro de las regiones españolas es muy superior a la que existe entre ellas.

Evidentemente, no todo crecimiento económico puede entenderse en términos de la implantación de la ética del republicanismo clásico. Ahí están Singapur y Corea del Sur como posibles contraejemplos. Pero se trata de una tesis con indudable capacidad explicativa, con un componente ético extraordinariamente atractivo, y que acrece, si cabe, mi preocupación por el debilitamiento de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.