Tributo minero
LA SECULAR tragedia de la inseguridad de los mineros españoles había disminuido en los últimos tiempos merced a las mejoras introducidas en las condiciones de trabajo y a las mayores inversiones destinadas a medidas de prevención; sin embargo, la reciente muerte por asfixia de cuatro mineros en un pozo asturiano muestra que es pronto para bajar la guardia. La muerte sigue siendo, desgraciadamente, el negro tributo exigido a muchos trabajadores por causa de las precarias condiciones laborales todavía existentes en la minería española.Los mineros muertos en el interior del pozo Mosquitera, de Siero, son los últimos de las 24 víctimas que las minas asturianas se han cobrado en el año que termina. Un saldo sobrecogedor y, sin embargo, muy favorable si se coteja con los 39 que perdieron la vida el ya lejano 1973 o con los 36 fallecidos en 1985. En ese último año, considerado negro en el terreno de la siniestralidad, hubo nada menos que 74 muertos en el conjunto de la minería española y, si bien se redujo el número de los accidentes mortales en los tres años siguientes, 1989 ha vuelto a reactivar las señales de alerta.
Las mejoras de seguridad introducidas en estos años en la minería española, particularmente en la empresa pública y en la gran empresa privada, han corregido a la baja un índice de accidentalidad que, no obstante, sigue siendo muy superior al de la media europea. Aparentemente, tales mejoras han evitado que el incendio del pozo Mosquitera haya tenido un desenlace todavía más dramático, si bien la pérdida de cuatro vidas humanas pone en evidencia el largo camino que todavía queda por recorrer. En cualquier caso, la obligada investigación de lo sucedido deberá poner en claro si, como afirman los sindicatos, hubo tardanza en la orden de evacuación y si Hunosa había dejado de establecer la exigida vigilancia en la cinta transportadora en la que se inició el fuego.
La crónica negra de las minas españolas tiene más responsables que el simple azar. A menos que las administraciones públicas, y muy principalmente las autonómicas, actúen con mayor empeño, situaciones de duelo como las vividas en plenas fiestas navideñas por la minería asturiana se pueden seguir repitiendo. Es cierto que en lo que se refiere a medios, condiciones de trabajo y garantías de seguridad, es más propio hablar de minas que de minería en general. Pues unos y otras son muy distintos según se trate de una empresa pública, de una gran sociedad privada, de la pequeña y mediana empresa o de las explotaciones más precarias, conocidas en el argot minero como chamizos. Estas últimas tienen su origen en la rentabilidad arrancada a costa de la escasa o nula inversión en seguridad; en la ausencia total de estructuras, tanto técnica como empresarial; en instrumentos de trabajo vetustos, y en una mano de obra barata, formada por trabajadores extranjeros que se encuentran en los límites de la subsistencia, o por nacionales que huyen del desempleo o que buscan un complemento a su escasa jubilación.
Este extendido minifundismo minero es una de las causas principales de la alta siniestralidad de la minería española. En este sentido, sigue siendo un reto permanente la modernización empresarial del sector, para dotarlo de una estructura productiva competitiva que haga posible una mayor asignación de recursos a la seguridad, a la que se está lejos de dedicar lo que gastan por el mismo concepto los restantes países de la CE.
