El Ayuntamiento acuerda ceder suelo a promotores y cooperativas para construir 22.000 viviendas sociales

El Ayuntamiento de Madrid acordó ayer ceder suelo a cooperativas y promotores privados para la construcción de 22.000 viviendas sociales en el próximo cuatrienio y desarrollar un programa de 14.000 pisos para alquilar o vender a precio tasado. Al menos 5.000 de estos últimos estarán reservados a jóvenes y ancianos. Todos los grupos municipales estuvieron de acuerdo en considerar que el problema de la vivienda es uno de los más graves que sufre la capital.

El Ayuntamiento se comprometió ayer a poner en marcha durante el próximo cuatrienio -además del Plan 18.000 ya existente-, un programa para construir un total de 22.000 viviendas sociales en los distintos distritos de la capital. La iniciativa va dirigida a familias con ingresos en torno a 3,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional. La Corporación decidió también construir, mediante convenios con promotores privados y entidades cooperativas, otras 14.000 viviendas para su alquiler o venta a precio tasado.El equipo de gobierno expresó su disposición a acudir a la iniciativa privada para la construcción de viviendas sociales. PSOE e IU apostaron por una intervención municipal más decidida, aunque valoraron las propuestas de los actuales responsables del Ayuntamiento hasta el punto de aprobarlas.

La Corporación se planteó también instar al Gobierno de la Nación para que se tipifique la especulación de suelo como delito en el Código Penal. Otras propuestas aceptadas tuvieron como objetivo instar la reformar la Ley del Suelo, la normativa de Viviendas de Protección Oficial, la legislación de alquileres y sobre declaraciones de ruina.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento pedirá a la Comunidad de Madrid la creación de una normativa específica que regule la rehabilitación de viviendas de aquellas familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el Salario Mínimo interprofesional, de forma que se contemple un subsidio de realojo, el derecho de retorno al inmueble y ayudas para el pago del alquiler que se fije.

Al Gobierno regional se le solicitará asimismo la construcción de 5.500 viviendas de promoción pública al año (22.000 en el cuatrienio), para lo que el Ayuntamiento pondrá a su disposición el suelo necesario.

También fue aceptada la propuesta por la que el Ayuntamiento ejecutará definitivamente el programa para el realojamiento de la población marginal, que se encuentra en este momento paralizado.

Clima de acuerdo

El Partido Popular y el Centro Democrático y Social no aceptaron, sin embargo, ninguna declaración literal contra el llamado decreto Boyer, ni aprobaron la petición del PSOE e IU para expropiar aquellas fincas que se encuentran en este momento afectadas por un expediente de ruina., al considerar que es necesaria una reforma previa de la legislación de la materia.

El clima de acuerdo logrado por los grupos políticos hizo que fueran aprobadas en total 32 de las 42 propuestas presentadas por todos los grupos. Los grupos políticos habían realizado antes sus cálculos con los datos de la Empresa Municipal de la Vivienda, que reflejan una demanda potencial en Madrid de 20.000 viviendas al año, de las que sólo se construyen unas 10.000. Por eso, aunque las formaciones municipales centraron sus propuestas en diferentes plazos de actuación (IU, dos años; PP-CDS, cuatro años y PSOE, 10 años), todos vinieron a exponer la necesidad de construir anualmente el mismo número de viviendas sociales.

Estas propuestas fueron hechas después de que los representantes municipales hicieran distintas valoraciones sobre las razones por las que se ha llegado en Madrid a un déficit de 40.000 viviendas.

El equipo de gobierno aceptó algunas propuestas de la oposición, a pesar de considerar que pueden suponer »incluso un cambio en el modelo territorial de Madrid. Según indicó José Luis Garro, portavoz de Urbanismo, la petición socialista de preparar suelo para 100.000 viviendas obligaría al cambio de los planteamientos urbanísticos de la capital.

Aunque no fueron aprobadas las propuestas sobre rehabilitación de viviendas formuladas por el PSOE, el equipo de gobierno realizará un estudio jurídico sobre la expropiación de aquellos edificios que no puedan ser conservados en condiciones de seguridad por sus propietarios.

Tampoco salieron adelante las propuestas de la oposición que implicaban la modificación del presupuesto municipal para 1990, ya aprobado.