Un fiscal francés solicita que 'Santi Potros' sea entregado a España

El fiscal de la Cámara de Acusación del Tribunal de Apelación de París pidió ayer que se conceda la extradición a España de Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, por ordenar el atentado contra la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, en mayo de 1987, que causó un muerto y varios heridos. La decisión se conocerá el 17 de enero próximo.En una breve intervención al final de la vista, Santi Potros negó ser "el jefe de ETA" y afirmó que, en caso de ser entregado a España, podría ser víctima de un atentado como los cometidos contra Santiago Brouard o el diputado de Herri Batasuna Josu Muguruza. Ésta es la sexta demanda contra Arróspide. Dos peticiones anteriores fueron rechazadas porque tenía el estatuto de refugiado político, del que fue desposeído en octubre de 1988. Las otras tres demandas se encuentran en proceso.

El fiscal basó su requisitoria en tres puntos: el acusado carece actualmente de estatuto de refugiado, la petición de extradición no tiene un objetivo político y los delitos imputados tampoco pueden ser considerados de ese carácter. Afirmó que la calidad de refugiado no es una condición legal para que el tribunal deniegue la extradición, sino una circunstancia que debe apreciar después el Gobierno a la hora de decidir la entrega.

"Jefe de ETA"

Además, argumentó el fiscal, Santi Potros no tiene en este momento el estatuto de refugiado porque, aunque hay pendiente un recurso ante el Consejo de Estado, éste no tiene carácter suspensivo. Dijo también que, "como jefe de ETA", sería cómplice del atentado porque dio instrucciones y facilitó medios para realizarlo, refiriéndose a la documentación falsa del coche bomba. Documentos iguales a los del vehículo fueron hallados en poder de Arróspide al ser detenido en Francia. Finalmente, señaló que desde 1984, "España pertenece a la comunidad de naciones normales", para negar que la entrega signifique una agravación de la situación del acusado.La defensa política de Arróspide correspondió a Christianne Fando, mientras que la abogada Mireille Glayman se encargó de la defensa técnica. Fando denunció el "carácter político de todo este asunto", justificó la violencia política en la lucha por la independencia y afirmó que "un sector importante de la población vasca hace la guerra", en la que "hay muertos en los dos bandos". Confirmó que la decisión de HB de acudir al Congreso es un paso para la negociación con el Gobierno, al que acusó de utilizar las extradiciones con "una finalidad política evidente".

Glayman se opuso a la extradición porque el recurso sobre la retirada del estatuto "tiene muchas posibilidades de prosperar", por falta de pruebas y porque la calificación de los delitos es la misma que la de la causa que Santi Potros tiene pendiente en Francia, donde se le acusa de asociación de malhechores y de tenencia ilícita de armas.