Un policía jubilado implica al Opus en un presunto intento de golpe en Bélgica

Nueve miembros del Opus Dei estuvieron implicados en un intento de golpe de Estado en Bélgica, planificado a finales de 1985 y principios de 1986, según las declaraciones de un policía jubilado, Guy Dussart, ante la comisión parlamentaria de investigación sobre bandidismo y terrorismo. Fuientes del Opus Dei en Bélgica han desmentido rotundamente cualquier relación de la organización religiosa en el supuesto compló.

Las declaraciones vienen a complicar una investigación que se arrastra desde hace años para intentar desvelar un pretendido plan de conspiración para desestabilizar la capital de Europa, sede de la OTAN y la CE.El policía Dussart, de 57 años, prestó sus servicios en la comisaría de Wavre (Bélgica) antes de acogerse a la jubilación anticipada en diciembre de 1987 por "las amenazas recibidas", según confesión propia. Ante la comisión parlamentaria acusó, sin dar nombres, a jueces y policías de Nivelles de fugas de información, de informes desaparecidos y de órdenes no ejecutadas.

Afirmó asimismo haber recibido la confidencia por parte de dos miembros de la nobleza, escudados en el anonimato, de un proyecto de golpe de Estado preparado por nueve miembros del Opus Dei. A raíz del soplo, Dussart vigiló una docena de veces, entre finales de 1985 y principios de, 1986, el priorato de Dondelberg, situado cerca de la localidad de Joeloigne, un lugar donde se celebraban reuniones de miembros del Opus. No aportó más precisiones, salvo los motivos que, a raíz de esta investigación, precipitaron su retirada de la profesión.

Las declaraciones vienen a alimentar la teoría del compló del que presuntamente, desde 1981 a 1987, fue escenario Bélgica. Los ribetes afectan a la extrema derecha, a una organización izquierdista -las Células Comunistas Combatientes (CCC).- y a una banda jamás identificada, bautizada como los asesinos locos de Brabante, que entre agosto de 1982 y 1985 cometió 28 asesinatos. El juicio celebrado entre enero y mayo de 1988 concluyó por falta de pruebas contra los presuntos culpables de numerosos atentados mortales en supermercados, cuyo objetivo no era el robo, sino seimbrar el terror.