El Poder Judicial investiga el sumario paralizado en 1983 por venta de libertades
El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial exigió ayer a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid información sobre el estado del sumario 118/82 que se encuentra paralizado desde 1983 y en el que se encuentran implicados por venta de libertades a presos jueces, fiscales, abogados, guardias civiles y un funcionario de Justicia.
Esta medida es habitualmente previa a la apertura formal de una investigación oficial para delimitar las responsabilidades que correspondan, según afirmó ayer un portavoz autorizado del máximo órgano judicial.
Por su parte, portavoces oficiales del Ministerio de Justicia afirmaron ayer que "este asunto es de competencia estrictamente jurisdiccional y el departamento no se pronuncia sobre el caso". Dichas fuentes precisaron que, si procede una inspección sobre posibles irregularidades, deberá ser el Consejo General del Poder Judicial el encargado de recabarla.
Un portavoz del Consejo General del Poder Judicial explicó que este órgano estudiará exhaustivamente el sumario y delimitará, a la vista de las indagaciones de su servicio de inspección, las posibles irregularidades.
De otro lado, fuentes consultadas por este periódico han precisado que el fiscal del Tribunal Supremo que facilitaba cartas de recomendación para mediar en esas libertades era Eugenio Herrera, ya fallecido, a quien se confundió erróneamente con Eugenio López.
