La Junta de Castilla y León debe pagar más de 4.000 millones de atrasos salariales, según CC OO

La Junta de Castilla y León podría verse obligada a pagar unos 4.000 millones de pesetas en atrasos salariales y cotizaciones a la Seguridad Social, así como deducciones fiscales, a los trabajadores contratados temporalmente por la, Consejería de Agricultura desde 1986 y a los que no se aplicó nunca el convenio colectivo del personal laboral al servicio de la comunidad autónoma.Ésos son los cálculos del sindicato Comisiones Obreras de acuerdo con la primera sentencia resolutoria de un recurso planteado por la Junta de Castilla y León ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad y contra una sentencia anterior del Juzgado de lo Social de Zamora.

Esta primera sentencia se refiere a tres de los 700 trabajadores que plantearon la reclamación contra su exclusión del convenio de personal laboral de la Junta y es la primera que se produce sobre este asunto en toda la comunidad.

La sentencia, que ratifica la del Juzgado de lo Social de Zamora, confirma que no es sostenible que el convenio del personal laboral de la Junta de Castilla y León sólo fuera aplicable a los trabajadores fijos, con una retribución y unos derechos diferentes para los eventuales (entre otras cosas, éstos eran dados de alta en el régimen agrario de la Seguridad Social y no en el general). La sentencia recoge otra del Tribunal Central de Trabajo que anuló en 1988, a instancias de CC OO, una disposición del primer convenio del personal laboral del año 1986, en la que se hacía mención expresa a la exclusión de los trabajadores temporales del citado convenio.

Sin embargo, la sentencia confirma también que no hay lugar a la reclamación de horas extraordinarias solicitada por los trabajadores eventuales, ya que al no aplicarles el convenio, realizaban una jornada laboral de 40 horas semanales en lugar de las 37,5 horas estipuladas para el resto del personal.

Por su parte, la Junta de Castilla y León hará frente al cumplimiento de las sentencias que se produzcan, aunque ello suponga un drástico ajuste presupuestario para la comunidad. No obstante, el consejero de Presidencia dijo también que habría que "hablar" la fórmula para cumplir estas sentencias, en referencia a posibles negociaciones para hacer el pago a los trabajadores sin distorsionar las previsiones presupuestarias de la Junta de Castilla y León.