El fiscal pide 1.900 años de cárcel para dos 'etarras' por el atentado contra Hipercor
El fiscal solicita 950 años de cárcel para Josefina Mercedes Ernaga, y la misma pena para Domingo Troitiño, activistas del comando Barcelona de ETA, por el atentado contra los almacenes Hipercor de la avenida Meridiana de Barcelona, que hoy, lunes, se juzga en la Audiencia Nacional. Como consecuencia de la explosión, 21 personas resultaron muertas y otras 44 gravemente heridas. Los daños materiales superaron los 363 millones de pesetas.
El juicio se celebra sólo contra Josefina Mercedes Ernaga y Domingo Troitiño, ya que un tercer miembro del comando, Rafael Caride Simón, considerado como el terrorista que eligió el objetivo y el autor material de la colocación del coche bomba en los sótanos de los almacenes, se encuentra huido y en paradero desconocido.El cuarto procesado, el dirigente de la organización Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, tampoco podrá ser juzgado, pues se encuentra detenido en Francia a la espera de que se conceda su extradición. Potros está procesado como inductor, ya que se estima que fue él quien dio la orden de que se ejecutase el atentado. Mercedes Ernaga y Domingo Troitiño están acusados de 21 asesinatos, 31 delitos de lesiones, 13 faltas de lesiones y estragos.
Los hechos tuvieron lugar el 19 de junio de 1987. Los terroristas, tras realizar diversas visitas de inspección a los almacenes barceloneses, decidieron colocar el artefacto dentro del maletero de un vehículo Ford Sierra robado con anterioridad, que estacionaron en la primera planta de aparcamiento de Hipercor.
El explosivo estaba compuesto por unos 30 kilos de amonal -que habían sido suministrados por Santi Potros-, unos 100 litros de gasolina, pegamento o cola de contacto y escamas de jabón hasta unos 200 litros, que introdujeron en bidones de plástico. La bomba se accionaba mediante un dispositivo de acción retardada con temporizador que fue dispuesto para que se activara a las 16.10.
Los terroristas avisaron a Hipercor, al diario Avui y a la Guardía Urbana de Barcelona de la colocación del artefacto explosivo.
Ola de fuego
Sin embargo, como el desalojo del edificio no era factible debido al gran número de personas que habían acudido a los almacenes, vigilantes del establecimiento, guardias urbanos y policías nacionales intentaron localizar la bomba.El explosivo no fue descubierto, y produjo al estallar un cráter en el suelo y un agujero en el techo que permitieron el paso de una auténtica ola de fuego, según el relato del fiscal, que a un tiempo abrasó y asfixió a los empleados y clientes de la planta de alimentos y les hizo caer al primer garaje, donde eran mayores el fuego y la humareda, y donde también murieron las personas que estaban junto a los vehículos o en tránsito hacia los ascensores.
El fiscal encargado del caso solicita también en sus conclusiones 25 millones de pesetas para indemnizar a los herederos de cada uno de los fallecidos, y establece un baremo de indemnizaciones según la importancia de las lesiones padecidas.
