El Gobierno ofrece a Pujol un acuerdo para financiar los 'mossos' y el catalán

El Gobierno ha ofrecido a la Generalitat catalana, que preside Jordi Pujol, un despliegue progresivo de la policía autonómica que le permitiría llegar a los 1.500 mossos en 1992, aunque para cerrar el compromiso pide a los nacionalistas que previamente cierren el contencioso planteado por una supuesta falta de ayuda de la Administración central al catalán. Para hablar del desarrollo de la policía autonómica y de la vigilancia de la cárcel de La Roca -que Pujol se niega a asumir- el ministro del Interior, José Luis Corcuera, acompañado del delegado del Gobierno, Francesc Martí Jusmet, se entrevistó ayer con el conseller de Gobernación, Josep Gomis, y con el portavoz de Minoría Catalana en el Congreso, Miquel Roca.Ambas administraciones tienen intención de llegar a un acuerdo rápido antes de que se inicie la campaña electoral, aunque por razones bien diferentes. El Gobierno no quiere dejar abierto y en manos de Jordi Pujol un flanco como el de las ayudas a la normalización lingüística del catalán, que los nacionalistas están dispuestos a explotar. Para ello busca cerrar un compromiso cuya cuantificación se mantiene en secreto, aunque ya hay acuerdo en la filosofía política. Esta posición del Gobierno choca con los Intereses electorales de CiU.

En el caso de los Mossos d'Esquadra la situación es diametralmente contraria, ya que quien tiene prisas en cerrar el pacto es la Generalitat para evitar las críticas que le dirigen los grupos nacionalistas más radicales por su escasa sensibilidad en los asuntos relativos a la potenciación de los mossos. Medios relacionados con la negociación daban como muy probable una rápida solución, aunque dejaban abierta la posibilidad a un nuevo bloqueo si el pacto no se cerraba rápidamente y persistían los recelos mostrados ayer por Gomis y Roca, quienes trataban de desvincular las dos negociaciones.

Tanto la Generalitat como la Administración central aventuran un acuerdo en breve, que alcanzaría incluso a la protección de la prisión de La Roca, que la Generalitat se niega a asumir hasta que el Gobierno asegure que la financiación de la vigilancia corre de su cargo.