Espacio europeo, acción sindical

Los partidos de izquierda dan gran importancia a la Carta Social Europea. ¿No estarán dejando de lado el grano por la paja?No nos demoremos sobre el contenido real, más que modesto y pasablemente ambiguo, de esta carta. En todo caso, no responde a los principales desafíos que el Acta Única representa para los trabajadores.

Sobre las libertades sindicales pesa una amenaza concreta, particularmente sobre el derecho de huelga. El Gobierno de la señora Thatcher ha prohibido las huelgas solidarias. Ha prohibido, prácticamente, los piquetes de huelga en masa. Se incautó de los bienes de los grandes sindicatos con el pretexto de que éstos habrían violado esas injustas leyes. Recientemente la patronal portuaria de Londres despidió a los trabajadores de los muelles que estaban en huelga, inclusive a los delegados sindicales.

Es imposible que esta represión del Estado no tenga repercusión en el resto del Mercado Común.

¿Es posible imaginar a los trabajadores portuarios ingleses, a quienes se les prohíbe hacer piquetes en sus muelles, pero apoyando esos mismos piquetes en Calais, Dunkerque, Ostende, Zeebrugge, Vlissingue, Hoek van Holland? ¿Imaginar huelgas solidarias con huelguistas de los transbordadores, prohibidas en el Reino Unido, pero toleradas en Irlanda, Francia, Bélgica, Holanda, la RFA? ¿Qué pasaría con los trenes que rueden por el eurotúnel bajo el Canal de la Mancha si tienen un personal mitad inglés, mitad continental? ¿Podrán desatarse huelgas solidarias con el 50% del personal, pero no con la totalidad? Es evidente el absurdo de la situación.

La amenaza es tanto más concreta cuanto que ya se han producido despidos de delegados sindícales en Francia, Bélgica y otros países.

Votación parlamentaria

¿Acaso los grupos de izquierda del Parlamento Europeo no deberían someter a una votación prioritaria una declaración que se oponga a toda restricción de las libertades sindicales y al derecho de huelga, tal como funcionan hoy en los países de la Comunidad Europea donde es más libre la acción sindical? ¿Acaso no deberían reclamar la extensión de esta mayor libertad ya existente al conjunto de los 12 países?

Una segunda prioridad concierne a las consecuencias económicas inmediatas del Acta Única. Parece establecido que la unificación del espacio económico europeo provocará reestructuraciones y nuevos despliegues de firmas, que suprimirían por lo menos dos millones de puestos de trabajo; algunos citan incluso la cifra de tres millones. Esas supresiones de empleo harán aumentar la desocupación estructural masiva ya existente en la Comunidad Europea.

Vendrían a añadirse a los desocupados coyunturales suplementarios, resultantes de la inevitable recesión de aquí a 1992, o incluso mucho antes de esta fecha.

En estas condiciones, la acción común de los sindicatos y de los partidos de izquierda, simultánea con la acción directa y la iniciativa legislativa en los parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo -como antes en la lucha por la jornada de ocho horas-, debería apuntar a la instauración inmediata de la semana de 35 horas (o sea, 32: 4x8) sin reducción del salario semanal.

El movimiento sindical europeo perdió una excelente oportunidad para actuar en tal sentido cuando los siderúrgicos del Ruhr emprendieron una decidida acción por la semana de 35 horas.

Ahora, los metalúrgicos del Reino Unido iniciaron una campaña con el mismo objetivo. Merece el resuelto apoyo de todos los trabajadores y de todos los sindicatos de los 12 países. Debiera extenderse de manera decididamente unitaria al conjunto de la Comunidad Europea,.

Los partidos de izquierda y la mayoría de los sindicatos de los 12 países se declaran entusiastas partidarios de la unificación europea. Para ellos sólo existe Europa.

Europa unida equivale, para ellos, a crecimiento económico y progreso social asegurado. Más poder para las instituciones europeas, comenzando por el Parlamento Europeo: ése es su credo, y Jacques Delors, su profeta.

Monopolios

La Europa de que hablamos sigue siendo, por supuesto, una Europa capitalista, a la vez que monopolista en los hechos y neoliberal en lo político y en las instituciones; es decir, que deja el mayor espacio libre posible para la acción de los monopolios. Para saber si, en definitiva, habrá un banco central europeo, si el ECU se convertirá en una moneda europea en pleno sentido, no es a la señora Thatcher, ni a Delors, ni siquiera a PohI, de Bundesbank, a quienes hay que interrogar. La decisión dependerá del último análisis de los directivos de Philips, de la Fiat, de BP, de Siemens, de la Aeroespacial, de GEC, de DaimIer Beriz, de la Barclay's, de Paribas y de tutti quanti.

Las grandes multinacionales europeas, norteamericanas, japonesas, operan libremente en el espacio europeo. Desplazan a su voluntad capitales, inversiones, puestos de trabajo de un país a otro, como los desplazan también de un continente a otro. Incitan a los gobiernos nacionales y a las instituciones europeas a multiplicar los incentivos que influyen sobre estos desplazamientos.

Henos en el corazón de una contradicción fundamental de la política de izquierdas y de la mayoría de los sindicatos de la CE. Ante esta realidad irreversible de internacionaliz ación del capital, casi todos se dejan apresar en la trampa de la defensa de la competitividad de la economía nacional. Esto significa que están prontos a aceptar diversas variantes de la política de austeridad por poco que se les demuestre que ésta es necesaria para evitar la fuga de capitales o para atraerlos del extranjero.

Contrariamente a todo este análisis económico-científico, estas demostraciones se reducen, 9 de cada 10 veces, a la tesis de que en el extranjero los costes del trabajo son más bajos que aquí.

Se trata, evidentemente, de una política de chapuzas. Mientras los partidos de izquierda queden aprisionados por la misma lógica de defensa de la competitividad de la economía nacional, toda reduccíón directa o indirecta del salario real en un país implica inevitablemente presiones a favor de reducciones similares en otros países de la Comunidad Europea.

Esto los arrastra a un círculo vicioso de nivelación de los costes de producción hacia abajo. Es una espiral declinente sin fin, si se examina fríamente la separación de los costes salariales entre Dinamarca y Portugal (y mañana, por qué no Turquía).

Es la expresión de un nacionalismo económico a corto plazo en las antípodas de las famosas profesiones de fe europea. Se basa en una solidaridad de hecho de la izquierda de cada país europeo con su patronal, contra los trabajadores de los otros países miembros de la Comunidad Europea. Es una política de exportación del paro mediante la rebaja de los costes de trabajo.

Para responder al desafio de la Europa unida, en el sentido de una nivelación de los costes de trabajo hacia arriba, los sindicatos europeos deberían optar a favor de una estrategia de acción común en el espacio europeo contra las multinacionales y el gran capital nacional.

La meta debiera ser la realización de convenciones colectivas: multinacional por multinacional, primero; rama industrial por rama industrial, después. Y finalmente, la nivelación hacía arriba de la protección social (salarios indirectos).

Sean cuales fueren los compromisos y retrocesos de los partidos de izquierda empantanados en sus políticas nacionales de austeridad, a la larga la resistencia sindical sólo tiene posibilidad de triunfar si se organiza a escala europea.

La solidaridad de un movimiento obrero dividido y fragmentado ante su patronal nacional debe sustituirse por una sol¡daridad internacional de todos los trabajadores contra todos los patrones.

Algunos han querido justificar la política de austeridad con la famosa fórmula de Helmut Schmldt: "Los beneficios de hoy son los empleos de mañana". La experiencia ha demostrado que no hay nada de eso.

Cuando la tasa de crecimiento es inferior a la suma de la tasa de aumento de productividad del trabajo y de la tasa de crecirniento de la población que busca trabajo, la tendencia a largo plazo -todo queda igual, por otra parte- es de un aumento y no de una reducción de la desocupación. Los beneficios de hoy corren riesgo de suprimir mañana más empleo del que crean, iricluso si todos estuvieran invertidos productivamente, que no es el caso.

Onda depresiva

Desde comienzos de los años setenta -inicio de la nueva onda larga depresiva-, la desocupación real pasó en los paísesde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de 10 a casi 40 millones de personas, según estimaciones sindicales. No hay indicio alguno de que esta tendencia a largo plazo se revierta.

A veces se cita el ejemplo de Estados Unidos como prueba de lo contrario. No es más que una ilusión óptica.

Más del 20% de los empleos en Estados Unidos son empleos a tiempo parcial. Sí a esto se añade los empleos precarios, otros empleos (sobre todo los de los jóvenes) pagados por debajo del salario medio; algo similar ocurre con el número oficialmente admitido de desocupados: es más de un tercio de la mano de obra norteamericana la que no tiene empleo que le garantice un ingreso normal. De hecho, el número de hombres casados en paro es mayor ahora que durante los años setenta.