Gestión errática

LA ERRÁTICA gestión de los socialistas en la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) ha puesto bajo mínimos los niveles de calidad en el servicio, la ha llevado a deshacerse gradualmente de su grupo industrial tradicional y la ha dejado en una clara situación de desventaja para operar en un sector que ha de asumir crecientes grados de competencia tanto en España como en el resto de la Comunidad Europea.Luis Solana, presidente durante seis años, inició su gestión con la voluntad expresa de realizar una política industrial agresiva. Para ello se propuso utilizar el poder de compra de la compañía ampliando la influencia de la CTNE hacia distintas áreas de suministros de equipos. Telefónica negociaba en esta época una serie de acuerdos con empresas como AT&T, Fujitsu, Philips y otras. Sin que existiera una explicación suficiente, el propio Solana puso en marcha en 1985 un llamado segundo ciclo, en sentido contrario. Telefónica se volvía hacia adentro y potenciaba la política financiera por encima de la industrial o la de servicios. La compañía, obsesionada por mejorar los índices de su saneamiento, modificaba su estructura accionarial con la salida a distintas bolsas internacionales y elevaba la participación extranjera hasta el tope previsto por la ley (25%). Como parte de su política de saneamiento, además, la CTNE vendía la mayor parte de sus participaciones industriales tradicionales (Intelsa, Telettra, etcétera) bajo la divisa industrial de holding circulante acuñada por Luis Solana.

Junto a la venta del grupo -en la que Telefónica generó unas plusvalías de algo más de 10.000 millones de pesetas, irrelevantes en su balance-, la compañía recortaba ostensiblemente sus inversiones en infraestructura de servicios como parte de su campaña de saneamiento financiero. La reducción de las inversiones en infraestructura en áreas de servicio en las que Telefónica tiene el monopolio coincidía con el principio del ciclo de expansión económica y de crecimiento explosivo de la demanda: la compañía, que ha de abastecerse en una industria de ciclo largo -en la que pasan meses desde que una inversión se presupuesta hasta que se pone en marcha-, mantenía una política de inversiones conservadora. Como consecuencia de ello, de 1987 a 1989 se vio superada por una demanda que es incapaz de atender. La cantidad y la calidad del servicio se degradaban hasta mínimos históricos.

Nuevamente, tanto en la última época de Solana como ya en la de su sucesor, Cándido Velázquez, se pone en marcha una serie de iniciativas que van en contra de lo realizado hasta ese momento. La actual situación obliga ciertamente a la sociedad a realizar inversiones multimilionarias en su área de servicio básico -el teléfono-. Pero estas inversiones han de llevarse a cabo ahora bajo la presión de la demanda y, no, como en otras administraciones de telecomunicaciones de la CE, cogiendo el ciclo con anticipación.

La falta de previsión hace que la necesidad de fuertes inversiones en el servicio básico coincida con, la existencia de un mayor grado de competencia en los, servicios de telecomunicaciones más modernos -transmisión de imágenes, redes de datos, servicios de valor añadido y otros-, considerados como muy, rentables a medio plazo y en los que la compañía tendrá que competir con las grandes multinacionales del sector. La ley de Ordenación de las Telecomunicacíones fija un calendario para la ruptura del monopolio en grandes áreas de negocio de la compañía y le obliga a separar la contabilidad de las actividades que presta en régimen de monopolio de aquellas que preste en régimen de competencia. Con la entrada en vigor de la ley, el Estado ha de negociar un nuevo contrato para regular sus relaciones con Telefónica. Esta nueva situación deberá modificar su papel en la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Sería iluso suponer que una compañía puede seir sometida a tantos bandazos sin sufrir por ello graves consecuencias. Lo lamentable es que los resultados de una gestión poco profesional, prolongada durante tantos años, no van a caer sobre las espaldas de sus responsables directos, sino sobre las de todos los ciudadanos.