El Gobierno italiano estudia vender bienes públicos para pagar la deuda del Estado

El Gobierno de Andreotti está pensando seriamente en vender a los particulares una de de los bienes públicos de este país para hacer frente a una deuda pública que se calcula que en 1990 obligará al Estado a pagar 13.000 millones de liras de intereses "a la hora", es decir, 312.000 millones al día.

En efecto, según afirmó el diario milanés Il Giornale de Montanelli, el año próximo la deuda pública "superará el producto interior bruto" del país, es decir, que el Estado italiano contará con una deuda que superará la riqueza producida en el país durante 12 meses. El producto interior bruto calculado para 1990 es de 12 billones de pesetas y la deuda pública de 13 billones de pesetas. Para resolver una situación tan grave que compromete la presencia de Italia en la Comunidad en 1993, el Gobierno tiene dos soluciones: intervenir ante los bancos para convencerles de que adquieran títulos públicos a un interés más bajo -cosa en la que pocos creen- o, si no, la venta de una parte de los bienes públicos, sobre todo los más improductivos. Esta hipótesis está siendo caldeada por los liberales y a ella se opone con fuerza la izquierda democristiana, mientras que la derecha de Andreotti parece más bien de acuerdo.Pero el problema es que cuando se ha pensado en vender las llamadas "joyas de familia", la sorpresa es que nadie sabe lo que posee el Estado. En efecto, una comisión presidida por el catedrático Sabino Cassese ha trabajado dos años para intentar saber qué es lo que posee el Estado en materia de inmuebles y terrenos, y los únicos resultados han sido muy aproximativos.

Por ejemplo, se calcula que el patrimonio immobiliario del Estado asciende a unos 650.000 millones de liras que serviría para anular el déficit público y dos terceras partes de las deudas contraídas.

Pero se calcula que dicho patrimonio es aún mayor porque algunas administraciones aún no han dado sus informes. En total, de lo que se sabe, se calcula que el patrimonio, una parte del cual se pretende vender a particulares, es de 1.030 millones de metros cuadrados en inmuebles y de 48.867 millones de metros cuadrados de terreno.

La oferta

En la llamada también "dote del Estado" figuran 100 cuarteles y 70 comandos militares, 13 aeropuertos, 300 polígonos de tiro, pasos a nivel, cárceles, iglesias desconsagradas, palacios históricos, más miles de kilómetros de costa marina, de bosques forestales, hospitales, cementerios, museos, etcétera.Pero es evidente que no será posible la venta a particulares de algunas de estas "joyas de familia". Es más fácil que pasen a manos privadas, por ejemplo: las empresas autónomas de ferrocarriles, servicios telefónicos, correos y tantos monopolios del Estado. Sólo ferrocarriles es propietario de construcciones por un valor de 1 billón de liras y de terrrenos por valor de 674.000 millones de liras. Y Correos es propietario de construcciones por un valor de 3,1 billones y de terrenos por 79.000 millones de liras.

El problema no es fácil. De ahí que, por lo que se refiere sobre todo al problema inmobiliario público, se prefiere hablar de la posibilidad de crear un fondo gracias al cual los particulares entrarían en posesión sólo de determinadas cuotas del patrimonio público.

Los menos optimistas piensan que al final lo que realmente podrá entregarse a los particulares no será mucho y que además existe el temor de que dicho patrimonio público pueda ser objeto de verdaderos atracos por parte de los grupos privados con la connivencia de las camarillas políticas. Y se afirma que la venta de las "joyas de familia" debería ser el último recurso antes de haber tentado todas las otras formas posibles de salir de una deuda pública que es el verdadero cáncer de este país.