Los sindicatos de prisiones quieren que el aumento de seguridad se traduzca en mejoras económicas

El Ministerio de Justicia ha aceptado incrementar las medidas de seguridad de los funcionarios de prisiones, tras la primera reunión mantenida ayer entre responsables de ese departamento y dirigentes de los tres sindicatos mayoritarios del sector. Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), UGT y CC OO. Para los sindicatos, estas medidas deberían implicar una nueva catalogación de los puestos de trabajo y la creación de unos pluses de peligrosidad que reconozcan tal aumento en la seguridad, cuestión que Justicia no quiere debatir por el momento. Las centrales pretenden además que el titular de Justicia, Enrique Múgica, se comprometa personalmente a aceptar estas peticiones en la nueva ronda negociadora, prevista para hoy.

JUAN JOSÉ ECHEVARRIA,

La primera jornada de reuniones entre Administración y sindicatos, que había comenzado a las 12.30, finalizó ayer pasadas las nueve de la noche con un principio de acuerdo, admitido por ambas partes, sobre la necesidad de aumentar la seguridad personal de los funcionarios.Antoni Asunción, director general de Instituciones Penitenciarias, quien encabezaba la representación de Justicia, aseguró que entre esas medidas se encuentra la dotación a cada cárcel de un responsable de seguridad. Asunción no quiso detallar otras medidas por entender. que su operatividad depende en gran parte de que no se hagan públicas. Agregó que su departamento pretende implicar a los mismos funcionarios en el aumento de las medidas de seguridad y en el seguimiento de las mismas.

Fuentes sindicales señalaron que están de acuerdo con la Administración en "las líneas generales sobre las medidas de seguridad a tomar" y pidieron que éstas se extiendan a los domicilios de los funcionarios.

Sin embargo, donde se mantienen las posturas diferentes entre Administración y sindicatos es en el hecho de que estos últimos entienden que tal reconocimiento debe implicar una nueva catalogación de los puestos de trabajo, que reconozca la peligrosidad existente, a juicio de los funcionarios. En concreto, los sindicatos piden unos pluses económicos por peligrosidad, jubilaciones anticipadas, reducción de horarios y aumento de vacaciones, movilidad para traslados a otros cuerpos del Estado y la creación de gabinetes psicológicos.

Isabel Huete, representante de Comisiones Obreras, que actuó como portavoz de los tres sindicatos, señaló que de momento no han cuantificado sus peticiones. A continuación, indicó: "La vida de unas personas están en peligro, y yo creo que dentro de lo razonable se debe hacer un esfuerzo presupuestario".

La presencia del ministro

Representantes de los tres sindicatos decidieron anoche encerrarse en la sede del Ministerio de Justicia, en Madrid, al no haber llegado a un acuerdo total con la Administración y en protesta porque el ministro de Justicia, Enrique Múgica, no acudió al encuentro de ayer. El titular del departamento viajó ayer en automóvil hacia Madrid desde la Costa Brava, donde ha pasado unos días de descanso.

Antoni Asunción matizó en este punto que la convocatoria de la reunión había partido de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y no del ministro de Justicia. Isabel Huete admitió finalmente que la convocatoria oficial había sido realizada por Asunción, pese a que diversos medios de comunicación sefialaron estos días que había sido formulada por Múgica.

La portavoz sindical agregó que consideraba imprescindible la presencia del ministro, ya que en el curso de la reunión de ayer, Asunción había seiftalado que él no tenía competencias para aceptar las propuestas sindicales de nueva catalogación de los puestos de trabajo. Para Huete, el ministro "debe considerar que el tema no es lo suficientemente importante".

El director general de Instituciones Penitenciarias dejó abierta la posibilidad de que Múgica se incorpore hoy a las reuniones, pero en todo caso cuando se concreten definitivamente las peticiones de los sindicatos de funcionarios. Asunción añadió que el ministro estará hoy desde primera hora de la mañana en su despacho en comunicación con los representantes de la Administración que negocian con los sindicatos.

Por otro lado, Asunción expresó su satisfacción por el hecho de que las negociaciones hayan quedado circunscritas a las cuestiones de seguridad. "Los funcionarios acatan la política antiterrorista del Gobierno", aseguró.

Cambios legales

Tanto fuentes oficiales como sindicales han señalado que en la reunión de ayer no se trataron otras cuestiones, como las modificaciones legislativas que algunas asambleas de funcionarios de prisiones habían solicitado en los últimos días. De esta forma, las peticiones de reforma del Código Penal para incluir la cadena perpetua para los etarras o la creación de cuerpos especiales para su vigilancia tan sólo siguen siendo defendidas por los sindicatos minoritarios del sector.

La oleada de encierros en prisiones esta pasada semana tuvo como detonante el asesinato por parte de ETA Militar de la madre de un funcionario de prisiones.

[Por otra parte, el secretario general de USO, Javier de Vicente, que no asistió a la reunión, aseguró ayer que Luis Ángel López Pajuelo, subdirector general de Instituciones Penitenciarias, ha responsabilízado al Ministerio del Interior de los últimos atentados sufridos por los funcionarios de prisiones, informa Europa Press.

Un portavoz del Ministerio de Justicia demintió ayer mismo estas acusaciones].