Múgica afirma en el funeral de Conrada Muñoz que seguirá la política de dispersar a los presos de ETA

El ministro de Justicia, Enrique Múgica, manifestó ayer, durante el funeral por la madre de un funcionario de prisiones muerta al abrir un paquete bomba en Montillana (Granada), que el Gobierno mantiene su política de "dispersar a los presos de ETA por las cárceles españolas". Múgica negó que existiera relación entre dicha política y el atentado, así como que hubiera vías de diálogo con la organización terrorista. Los sindicatos de funcionarios de prisiones condenaron el atentado y acusaron al Gobierno de no preocuparse por su vida y la de sus familiares.

Al funeral por el alma de Conrada Muñoz, de 53 años, celebrado en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, en Granada, asistió también el ministro del Interior, José Luis Corcuera, así como el director general de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Garrido. Conrada Muñoz Herrera falleció al abrir un paquete bomba dirigido a su hijo, Dionisio Bolívar Muñoz, funcionario de prisiones destinado actualmente en Las Palmas. El delegado del Gobierno en Canarias, Eligio Hernández, afirmó que Dionisio Bolívar había indicado la dirección de sus padres como la suya propia cuando estuvo destinado en Murcia, hace un ano.

Durante el acto religioso se produjeron numerosas escenas de dolor entre los familiares y amigos. Los ministros de Interior y de Justicia dieron el pésame a los deudos, entre los que se encontraba un hermano del destinatario del envío, que resultó herido leve en el atentado.

La iglesia de Nuestra Señora de Gracia se vio abarrotada de público, llegándose a producir en algún momento escenas de tensión. entre los asistentes, que increparon a los redactores gráficos y a las autoridades. Gran parte de la población de Montillana asistió al sepelio. Sin embargo, se notó la ausencia de representantes de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Granada.

La homilía fue pronunciada por el arzobispo coadjutor de Granada, Fernando Sebastián, quien tuvo palabras de condolencia hacia los deudos de la víctima, a la que se refirió como "una buena mujer para la que no cabía en la imaginación que una carta contuviera algo criminal".

El ministro de Interior, José Luis Corcuera, declaró: "No existen palabras para reflejar lo que supone este bárbaro atentado. Si los gudaris levantaran la cabeza y vieran lo que hacen estos asesinos se morirían sin duda de vergüeriza". Corcuera añadió que acciones como ésta "alcanzan incluso las conciencias del entorno de ETA, de las familias de quienes están cumpliendo sentencia judicial. Yo creo que no hay una sola madre que no muestre repulsa por un hecho tan execrable como éste".

El ministro afirmó que el Gobierno está tomando todas las medidas posibles para proteger al conjunto de los ciudadanos, tanto a los funcionarios de policía como a los de prisiones, "con las limitaciones que originan procedimientos como los que han empleado para dar muerte a esta señora". Fuentes del ministerio informaron que se ha convocado una reunión para el próxima día 16, miércoles, con los sindicatos de funcionarios, para debatir sus peticiones y analizar la situación creada por el atentado.

José Luis Corcuera valoró el primer atentado mortal de la organización terrorista en Granada afirmando que "ETA atenta contra toda la sociedad, y específicamente contra la sociedad vasca, paradójicamente a quienes dicen defender e incluso a dicen querer fiberar".

Por su parte el ministro de Justicia, Enrique Múgica, negó que existiera una vía de diálogo con ETA. "No hay negociaciones. A ETA hay que vencerla y ellos se están dando cuenta ya de que han perdido la guerra".

Múgica considera que las gestoras proamnistía intentan "seguir manteniendo internados a los presos etarras porque ETA necesita a los presos como bandera para esgrimirlos de forma lamentable". En relación con el atentado ocurrido en Granada el ministro no estableció ninguna relación entre la dispersión de presos etarras "y las acciones de los terroristas, que pueden manifestarse en cualquier momento".

Acabar con el terrorismo

El ministro insistió en que la política de dispersión de presos etarras no va a cambiar: "Creemos que puede conducir, en unión de otras acciones de Gobierno, a terminar con el terrorismo". Diversos sindicatos de funcionarios de prisiones han condenado unánimemente el atentado, aunque hacen hincapié en diferentes aspectos. UGT y CC OO han resaltado que los funcionarios no deben caer en la provocación que supone la muerte de Conrada Muñoz, al tiempo que se reafirman en su voluntad de respetar la normativa penitenciaria emanada de la Constitución.

La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ¿acusó ayer al Gobierno de mentir descaradamente a un colectivo que es en este momento su cebo político". La CSIF reclama al ministerio de Justicia "la protección que se comprometió a adoptar después del atentado de Meco", y exigió que el fiscal general del Estado actúe cuando se hacen públicas amenazas de muerte, "corroboradas luego por hechos".

La Unión de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (UFIP) resaltó la facilidad con que los terroristas acceden a las direcciones de los funcionarios, y reitera su denuncia su indefensión.