Contra el Estado ejecutor

Viene de la página anteriortado, "el hombre ya no sería para el hombre un objeto sagrado. Se tenía una idea menos grande de su dignidad cuando la autoridad pública dispone de su vida...".

Prescindamos también ahora de los mucho más convincentes argumentos éticos y jurídicos, y vengamos a reflexiones tal vez más descuidadas por los abolicionistas: las de naturaleza política. La pena de muerte constituye sin duda un delito de lesa humanidad, pero su repulsa es, por lo pronto, una cuestión de civilidad. Examinemos, pues, algunos motivos por los que tal castigo convierte al Estado -sea autocrático o democrático- en mera fuerza animal desprovista de fundamento racional; tratemos de razones por las que ese suplicio legal priva de legitimidad al poder público. La primera sería que la pena de muerte es la autoconfesión más paladina del fracaso del Estado. A su lado, cualquiera otra de sus innegables conquistas (ahora en que conmemoramos la llegada del hombre a la Luna) aparece ridícula. No achacamos a la autoridad el no haber sabido organizar una convivencia civil libre de homicidios, objetivo sólo tal vez alcanzable en la comunión de los santos ciudadanos. Le reprochamos, eso sí, querer organizarla en última instancia gracias al homicidio penal como su mejor instrumento. Pero del mismo modo que la pervivencia de la guerra supone el reconocimiento del todavía-no de la comunidad internacional, la pervivencia de la pena de muerte equivale a constatar lo incumplido en la construcción del edificio estatal. Lo primero manifiesta la vigencia del estado de naturaleza entre los Estados; lo segundo, la continuación de ese estado natural en el interior de cada Estado.

¿Qué hace una comunidad política cuando para sancionar a sus ciudadanos más peligrosos deposita su última confianza en el patíbulo? Proclamar a las claras que el vergudo es su primer y más competente funcionario, su pilar más firme. Anunciar que el resto de sus servidores está de sobra, que los demás cuerpos del Estado (preventivos, judiciales, represivos, carcelarios) son comparativamente inútiles. En pocas palabras, pregonar que su administración por excelencia es la administración de la muerte, en tanto que ésta triunfa allí donde las demás fracasan. La pena de muerte delata al Estado como un descomunal despilfarro. Desde el pistoletazo o la cámara de gas, aquél aparece -escribió Camus- como "un desorden perezoso, que se limita a eliminar lo que no sabe corregir".

A escala natural humana el poder de matar es desde luego superior a todos los demás. Puesto al servicio del Estado, en cambio, apenas logra ocultar una impotencia básica: su ineptitud para asegurar la inmunidad de los más como no sea a costa de suprimir del todo a los menos. Recurrir a la violencia mortal -lo que está al alcance de cualquiera- resulta explicable en el individuo aislado, incapaz quizá por otros medios de neutralizar al que considere su enemigo. Nunca lo será en el caso del poder público. Quien encarna la fuerza de todos sus miembros en régimen de monopolio, no requiere llegar hasta esa ultima ratio (¡llamar así a lo que es el colmo de la sinrazón!) porque dispone de todas las penúltimas. La legítima defensa de la sociedad y del Estado debe -y hoy, sobre todo, puede- garantizarse sin acudir a este despropósito sangriento. Para venir a nuestros días, una ley que permite achicharrar a tarados mentales, por muy criminales que sean, convierte a los legisladores y jueces, además de en criminales, en tarados mentales y morales. Un Estado de derecho (?) que muestra tal temor hacia los deficientes y los quinceañeros es un Estado deficiente y caduco. Un Estado sedicente revolucionario, que se atribuye el poder de exterminar a los insurrectos o a los corruptos, desde luego no ha culminado su revolución: porque ha restaurado el instrumento más odioso del antiguo régimen. Estados así merecerían una resistencia legítima a su impotente dominio.

Pero la pena de muerte, se la mire como se la mire, parece además incompatible en principio con el fundamento y la función del Estado. Si, al decir de sus teóricos clásicos, el poder político se funda en el afán de sus subordinados en proteger sus vidas (siempre en peligro en su anterior estado natural), no se ve cómo sin contradicción pueda el soberano mandar ejecutar a sus súbditos. Ni siquiera Hobbes atribuía sin ambigüedad semejante poder a su Leviathan. En el pacto que le da origen, los individuos ceden todos sus derechos naturales, menos uno que se reservan: justamente el de defender su propia existencia e integridad físicas. ¿Y cómo podrían alienar la propiedad sobre su propio cuerpo quienes aspiran a ser ante todo sujetos perennes de esa propiedad? El Estado nace del deseo de inmortalidad de sus miembros. Con la implantación de la pena de muerte, más que de procurar la supervivencia de los asociados, se trata de rendir culto a la inmortalidad del Estado; cuando no, como es frecuente, a la de un régimen particular.

Todo depende de esto: donde hay ley, con ella, Estado, no impera la naturaleza. Contra lo que prima en el estado natural (y el social burgués, que tanto se le asemeja), en el estado político no hay lugar para el ínstinto. De ahí que el Estado sea por definición el espacio donde la muerte, como procedimiento para dirimir las querellas entre los hombres, queda excluida de raíz. Si aún la conserva entre su arsenal represivo, es que todavía se rige por residuos de la noley, de la ley salvaje; o sea, aún no existe Estado o existe sólo un Estado bárbaro. Por eso, a la hora de enviar el reo al matarife, el Estado reacciona contra una persona fisica como otra persona física, él, que es la primera persona moral. El crimen implica, ciertamente, que el asesino ha emprendido por su cuenta el regreso al estado natural o de guerra contra sus conciudadanos. Pero, para castigarlo, el poder público negaría su función si acompañara al criminal en este retorno. Como se cuida de reponer el estado civil, y no déprolongar o reproducir el de naturaleza, la acción judicial nunca puede ser la continuación de la acción guerrera, sino su desmentido. Hay múltiples causas personales para solicitar la muerte del malhechor, tantas como personas hayan sufrido el daño y clamen venganza. No hay, empero, causa impersonal o pública que justifique esa muerte. Que el todo político asuma esa indigna misión podrá evitar el desencadenamiento de las venganzas particulares, mas no por ello incurrirá menos en la venganza. Al contrario, será entonces cuando el magistrado se habrá convertido en el lobo más fiero para el hombre, aunque éste sea -un solo individuo. Porque antes perderá el Estado su legitimidad que el malhechor, por depravado que sea, su condición humana.

Preguntemos, en fin, a los sacerdotes de la ley democrática. En tanto subsista la posibilidad legal de ejecutar a un ciudadano de su propio país, ¿cómo hablar de Estado de derecho si está coronado (o sostenido) por tan flagrante desafuero? ¿En qué queda el pomposo sujeto de derechos cuando constitucionalmente se le arrebata el derecho fundante de todos los demás? La igualdad de los ciudadanos ante la ley, ¿qué otra cosa significaría sino su Igualdad ante la desposesión virtual de su propia existencia, su equiparacion como eventuales destinatarios de la pena de muerte? ¿Qué sentido guarda el imperio de la ley como sujeción a la forma legal cuando se acaba en tan brutal carencia de formas? Y las garantías procesales, ¿habrán de proteger mejor la pureza del proceso que la propia vida del procesado? Pero vengamos al Estado llamado de derecho que nos es más próximo. En nuestro propio país, la ley niega felizmente la pena capital a los civiles y la reimplanta entre los militares. Verdad es que éstos han jurado derramar por su patria "hasta la última gota de su sangre", pero la ocasión de recordarles su promesa será el campo de batalla y no ante el pelotón de fusilamiento. No debe, pues, pasar por honor lo que a todas luces constituye una afrenta. ¿Pues qué establece aquella norma discriminatoria sino que el militar no se ha hecho acreedor del rango universal de ciudadano?

A estas alturas de la historia, el Estado que aún se arroga el derecho a dispensar la muerte ha dictado ya contra sí mismo su propia sentencia de muerte.