El Gobierno decide trasladar de la cárcel de Valladolid a los presos 'ultras' para que no obtengan permisos

B. DE LA C. / M. M. El Gobierno ha decidido trasladar a diferentes cárceles a los nueve ultraderechistas internos en Valladolid, en evitación de que los jueces "se obstinen", en expresión del ministro de Justicia, Enrique Múgica, en nuevos permisos penitenciarios como el que disfruta José Fernández Cerra, condenado por la matanza de Atocha. Por su parte, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Luis Calvo, estimó ayer incorrectos tales traslados "cuando su motivación es", dijo, "la desconfianza hacia el juez de vigilancia penitenciaria competente".

La decisión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se ha producido a raíz del permiso de seis días que, desde el miércoles pasado, disfruta José Fernández Cerra, condenado a 197 años por su participación en la matanza de Atocha, según fuentes del Ministerio de Justicia.El permiso fue autorizado por la juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, Rosa María Rodríguez Rodríguez, perteneciente a Jueces para la Democracia, contra el criterio de la Junta de Régimen de la, prisión. Fernández Cerra fue trasladado a la cárcel de El Dueso (Cantabria) para eludir la concesión del permiso, pero el juez de Santander se inhibió por estimar firme la decisión de la juez de Valladolid, que había conocido en profundidad el caso.

El Ministerio de Justicia no tiene intención de proponer que se modifique la actual legislación sobre permisos a reclusos. "Por cuatro casos aislados", indicó la citada fuente, "no se va a cambiar una ley que beneficia a miles de personas y favorece su reinserción social".

"La ley", añadió, "establece las condiciones en las que se puede conceder permisos, pero no obliga al juez a concederlos como si se tratase de un derecho objetivo del interno. Los permisos son potestativos y lo que no pueden hacer los jueces es actuar en esta materia de forma mecánica".

En cuanto a la política de traslado de presos, puesta en práctica por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para eludir las decisiones de los jueces de vigilancia penitenciaria contrarios a los criterios de las juntas de régimen de las diferentes cárceles, el subsecretario de Justicia, Liborio Hierro, considerado el cerebro jurídico del departamento, declaró ayer a EL PAÍS que son legales tales traslados y los comparó con "los cambios de domicilio social de las empresas, para que el juez competente sea uno diferente al del lugar de origen".

Control judicial

José Luis Calvo, portavoz del CGPJ, manifestó, en cambio, que "no es correcto el traslado de un preso cuando la motivación es la desconfianza hacia el juez competente". Recordó que la vigente ley orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 94 que en cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios Juzgados de Vigilancia penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley".

Por su parte, Hierro reconoció que la decisión última sobre la situación de los internos corresponde al poder judicial, si bien recordó que las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria son recurribles ante las respectivas audiencias provinciales. Preguntado por qué no había sido recurrido el auto de la juez Rodríguez, contestó: "Eso hay que preguntárselo al fiscal". Añadió que los traslados son también recurribles por los internos, a pesar de lo cual no existe noticia de que se haya impugnado ninguno de ellos, ni siquiera en el caso de la dispersión de presos de ETA recientemente aplicada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Estimó que sería difícil en todo caso que tales recursos prosperaran.

La decisión de trasladar a los presos ultraderechistas está vinculada a la experiencia conocida, ya que varios de ellos aprovecharon los permisos penitenciarios para fugarse.

Así ocurrió con Hemilio Hellín, condenado por el asesinato de Yolanda González; Fernando Lerdo de Tejada, autor como Fernández Cerra- del asesinato de cinco abogados laboralistas conocido como matanza de Atocha, y José Ignacio Fernández, presunto autor del estudiante Arturo Ruiz. Según fuentes penitenciarias, los permisos concedidos en todos estos casos no estaban justificados por un cambio en la actitud del interno.

"Obstinación"

En un encuentro con informadores celebrado ayer por el ministro de Justicia, Enrique Múgica, el titular del departamento declaró que en el caso de Fernánderz Cerra, todos los informes penitenciarios eran contrarios a la concesión del permiso, a pesar de lo cual "la juez de vigilancia penitenciaria, se ha obstinado", dijo, "en darle la libertad".

Múgica se manifestó decidido partidario de la política de reeducación y reinserción social de todos los reclusos. En aplicación de esta política situó las recientes medidas de dispersión de presos de ETA, para alejarlos de la presión de las gestoras proamnistía. "Queremos liberar a los presos de ETA que quieren renunciar a la violencia, frente a los elementos combativos de la banda terrorista, empecinados en su fanatismo", declaró.

Preguntado por la ausencia de unas auténticas medidas de tratamiento para los reclusos, Enrique Múgica afirmó que actualmente se están dando los pasos para implantarlas.

Por lo que se refiere a la situación penitenciaria general, Múgica resaltó que mientras que en Francia el 40% de los presos son condenados y el 60% preventivos, en España ocurre al revés, lo que indica que la justicia española actua con mayor rapidez, ya que la prisión preventiva es en muchas ocasiones una pena anticipada, no respaldada por una sentencia judicial.