Un juzgado investiga supuestos pagos irregulares a Luis Ramallo como corredor de comercio en excedencia

El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid tramita una querella por presunta malversación de caudales públicos y apropiación indebida en la Mutualidad del Cuerpo de Corredores de Comercio. En los trámites judiciales realizados se han aportado documentos sobre presuntos pagos irregulares a varios colegiados, entre ellos Luis Ramallo, diputado y portavoz adjunto del PP en el Congreso. Ramallo reconoce haber cobrado desde 1985 a 1987 unos ocho millones de pesetas por "dictámenes" y "asesoramiento" como abogado, y afirma que "todo está en regla" con Hacienda.

Las primeras investigaciones de la querella, presentada por el corredor de comercio de Jerez Pablo Muñoz Cuéllar, apuntan a que el Consejo General, corporación oficial dependiente de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, destinó ciertas partidas económicas, de varios millones de pesetas, a corredores excedentes que ocupan cargos políticos, por "dictámenes" y "asesoramiento". En muchos casos estos dictámenes y asesoramientos eran verbales, como los del diputado y portavoz adjunto del PP en el Congreso, Luis Ramallo. Éste es corredor desde hace 26 años, de los que lleva 8 en excedencia. Desde 1985 hasta 1987 ha cobrado por este concepto unos 8 millones de pesetas. [El corredor de comercio da fe pública de aquellas transacciones económicas o financieras al margen de la bolsa].Junto a esta cantidad, que ha reconocido haber cobrado el diputado conservador extremeño y ex presidente de la Junta preautonómica, Luis Ramallo, en calidad de abogado, se encuentran otras similares destinadas a Luis, Javier, Teresa y Manuel María Bardají Muñoz, así como a Jesús Bardají López. Algunos de ellos son abogados, ninguno corredor de comercio y todos familiares directos de María Angeles Bardají López, esposa de Luis Ramallo, según informa .

El diputado del PP, que asegura tener "todo en regla", reconoce ser "amigo personal" de Bernardo Villaverde, actual presidente del Consejo General de corredores de Comercio, hasta el pasado 28 de noviembre titular de la Mutualidad Benéfica del Cuerpo de corredores de comercio, colegiado en Plasencia (Cáceres) durante 22 años. Es "hombre próximo al partido" y varios compañeros de profesión afirman de él que apoyó en 1986 la campaña electoral del partido de Fraga con más de 20 millones de pesetas. José de Bernardo, por su parte, ha negado haber aportado cualquier cantidad de dinero a AP, así como su vinculación a esta formación política.

Relación con Rumasa

Otras versiones apuntan la estrecha relación del miembro de la comisión reprivatizadora de Rumasa, José Bernardo, con Ramallo, uno de los políticos que se jacta de haber "atacado sin piedad" a la citada comisión con "una información muy trabajada".

Ceferino Argüello, anterior Director General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (en los años 1982, 1983 y 1984) y delegado del Gobierno en Campsa desde 1984, cobró del Consejo General desde 1985 hasta 1987 14.600.000 pesetas aproximadamente por diversos "cursos, charlas, colaboraciones e informes", según su propio testimonio, en calidad de economista. Argüello reconoció haber cobrado las citadas cantidades y haberlas declarado ante los organismos competentes.

Pablo Muñoz Cuéllar interpuso la querella criminal, contra José Bernardo Villaverde, así como contra los ocho vocales del Consejo, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Bernardo ha cobrado, a pesar de que su cargo no tiene asignada remuneración, más de 12 millones de pesetas en concepto de gastos. No los pudo justificar en su totalidad en la primera declaración ante el juez, según fuentes jurídicas.

En el texto de la querella se estima que ciertas inversiones realizadas por la Mutualidad en los pasados años son presuntamente fraudulentas al no haberse respetado, según estas fuentes, ni la modalidad de la inversión ni su porcentaje, en virtud del Reglamento que regía entonces esta entidad de previsión social. El presidente del Consejo General ratificó ante el juez la entrega de las cantidades citadas.

Por su parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 26, Jesús Gavilán López, ha manifestado que se investigarán todas las "derivaciones" que aparezcan durante las diligencias. El despacho de abogados de José María Mohedano, que interviene en este caso en defensa del querellante, también expone que no está previsto en ningún caso en el anterior Reglamento de la Mutualidad de Corredores, vigente hasta el pasado año, la constitución de Sociedades Mediadoras en el Mercado del Dinero, ni de Gestoras de Fondos de Pensiones, en alusión a las empresas Dinver, SA; Dinversit, SA, y Gesprofón; SA. Dos de las tres empresas han sido vendidas en los últimos meses.

El autor de la querella, Pablo Muñoz, fue expedientado en su cargo de Tesorero de¡ Colegio de Jerez, por el propio Colegio, en 1987. Según sus palabras fue por negarse a firmar "el endoso de unos talones para ingreso en la cuenta del Colegio y su posterior trasferencia a la Mutualidad", al considerar que "faltaba dinero", lo que creía un fraude. La versión oficial por la que se abrió el expediente al corredor apuntaba, entre otros motivos, a la "obstrucción" de la tesorería del colegio. Más tarde, el Consejo General y la Audiencia de Sevilla dieron la razón a Muñoz, anulando la sanción por defecto en el tramite de instrucción del expediente.