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EN LOS países miembros de la Europa de los doce, entre el 70% y el 80% de la normativa económica y social con incidencia directa en los intereses y aspiraciones de los ciudadanos será adoptada, en el curso de los próximos 10 años, en las instituciones comunitarias. Así pues, las generaciones actuales asistirán al fenómeno histórico de la transferencia a favor de organizaciones supraestatales de una parte sustancial de la soberanía atribuida a los Estados desde los albores de la modernidad. Este hecho generará, casi de forma automática, una nueva estructura de poder de la que saldrán beneficiarios y perdedores que, en algunos casos, no coincidirán con los que existen actualmente.Las instituciones de la Comunidad Europea están faltas actualmente del grado de legitimidad democrática -por la forma de elección y posibilidades de control- que caracteriza a sus equivalentes nacionales. Las competencias del Parlamento Europeo, único organismo de elección directa del entramado institucional de la CE, son bastante limitadas en comparación con las de las demás instituciones que dirigen la Comunidad. El desfase entre las estructuras burocráticas y las representativas es consecuencia del existente entre las fuerzas económicas, que hace tiempo emprendieron el camino de la superación de las barreras nacionales, y los partidos políticos, más reticentes a traspasar el umbral estatal.
La oposición antifranquista, que había compartido con la izquierda europea las reticencias hacia lo que fue calificado como Europa de los mercaderes, acabó asociando, a partir de los años setenta, la idea de Europa al objetivo de recuperación de las libertades. Esa identificación, asumida luego por la mayoría de los ciudadanos, explica que, según indican diversas encuestas, los españoles figuren hoy entre los europeos más favorables a avanzar en el camino hacia la unidaa política comunitaria. En contraste con esa aspiración, los políticos españoles apenas han desbordado los ámbitos de la polémica doméstica a la hora de plantear sus ofertas electorales cuando lo que se decida en los próximos años en la Europa comunitaria afectará más a la vida de los ciudadanos españoles, para bien o para mal, que el juego político nacional.
La campaña que ahora finaliza ha estado presidida por dos hechos políticos de orden interno. De una parte, el esbozo de alianza de las fuerzas de centroderecha que suponen los pactos en algunos municipios entre el PP y el CDS. De otra, la oleada de informaciones sobre infidelidades ideológicas, sobornos y otras corrupciones que han afectado seriamente la imagen de los políticos profesionales.
Lo primero ha servido para descubrir una faceta relativamente inédita en los años más recientes de administración socialista: que se ha acabado el paseo militar del PSOE por los diferentes Gobiernos centrales, autónomos o municipales, y que la oposición, de derechas o de izquierdas, quiere arrancar parcelas de poder, aunque para ello haya de recurrir a alianzas, algunas de ellas espurias desde el punto de vista ideológico. Como consecuencia de esta actitud se ha percibido de forma nítida la resistencia de muchos políticos instalados a abandonar sus posiciones, recurriendo para ello a métodos que no hubieran osado utilizar para acceder a las mismas.
Por otra parte, las denuncias de corrupción han venido a confirmar algo sobre lo que ya llamó la atención Max Weber: que a los políticos, a diferencia con otras profesiones, se les juzga siempre por lo peor del gremio. Y no es justo. La práctica de la democracia ha enseñado a los españoles a convivir con la imperfección: la distancia con el modelo ideal no tiene por qué llevar a la desesperación. La democracia, sistema de opinión pública, permite que los escándalos se conozcan. Y combatirlos. Porque lo que nadie podrá impedir es que los electores ejerzan libremente su derecho al voto. La tentación de la abstención, en sí misma legítima, puede resultar comprensible. Pero poco contribuye a fortalecer los recursos con que cuenta el sistema democrático para defenderse frente a quienes abusan de él.
