Lo que se juegan las empresas

Según reza el viejo aforismo periodístico, el interés que un contecimiento suscita en las personas suele ser directamente proporcional a la proximidad que tenga con ellos, o en todo caso, a la influencia que dicho acontecimiento pueda ejercer en esos mismos ciudadanos. Desde este punto de vista, para muchos electores españoles, el factor proximidad es difuso o incluso inexistente ante los próximos comicios europeos.Por otra parte, estas elecciones europeas se producen en un mal momento para la clase política española, cuya imagen se ha visto afectada por los últimos y sonados episodios de transfuguismo y sospechas de compra y venta de votos que se han producido en relación con Gobiernos autónomos y municipales.

Es cierto que estos casos afectan a una exigua minoría, como también es cierto que es injusto tomar la parte por el todo y descalificar al conjunto de una clase dirigente que ha sido capaz de realizar una transición a la democracia tan brillante como pacífica.

Pese a todo, y siendo realistas, debemos convenir que la opinión pública está muy sensibilizada contra la política y que estos dos factores, falta de proximidad y mala imagen coyuntural, se alían para hacer temer una fuerte abstención el día de las elecciones europeas.

Y sin embargo, el próximo 15 de junio los españoles nos jugamos muchas cosas. En orden de importancia, realmente nos jugamos mucho más que cuando se producen elecciones autonómicas y municipales, aunque pocos tengan conciencia de que esto es así.

La adhesión de España al Mercado Común, en 1986, fue en síntesis una gran operación de cesión de soberanía a favor de una instancia supranacional que a partir de ese momento tenía capacidad para imponer ciertas obligaciones a sus miembros.

Esta capacidad coactiva de la Comunidad Europea sobre los Estados se veía limitada, no obstante, por el derecho de veto que cada país podía ejercer en el caso de que no deseara que entrase en vigor una norma.

Otra garantía para los Estados era que la fuente de la normativa comunitaria era el Consejo de Ministros de la Comunidad, es decir, un órgano formado por ministros de cada nación.

Por último, si a pesar del derecho de veto y de haber estado presente en la decisión un ministro de su país, prosperaba una norma que no agradaba a algún Estado, siempre le cabía la posibilidad de imponer en su territorio las suficientes trabas, aranceles, filtros técnicos o sanitarios o cualquier otra argucia que suavizara, o simplemente incumpliera, la norma comunitaria.

Pero a mediados de 1987, cuando entra en vigor el Acta única Europea, las reglas del juego cambian casi totalmente. El Acta única es un conjunto de reformas de los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, reunidas en un solo texto legal y, cuyos tres puntos más importantes son, precisamente:

- La abolición del derecho de veto, de manera que a partir del Acta Única las decisiones se pueden tomar por mayoría, no por unanimidad.

- La transferencia al Parlamento Europeo de funciones legislativas cada vez mayores, que comparte con el Consejo de Ministros de la Comunidad, para tener así un órgano legislativo propio.

- La abolición para el 1 de enero de 1993 de todas las trabas, normas específicas y barreras proteccionistas que aún persisten en la Comunidad. Es decir, la consecución a fecha aja del gran mercado interior o mercado único europeo, para todo tipo de bienes, servicios, capitales y mano de obra.

En resumen, si la adhesión en 1986 fue una gran cesión de soberanía, la aceptación del Acta única en 1987 amplió los límites de esta cesión hasta horizontes todavía imprevisibles. Por eso, lo que vaya a ser la vida de los españoles en los años venideros se parecerá más a lo que se establezca en los grandes centros de decisión eu-

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