La 'operación cuarteles' de Campamento es especulativa y afecta a suelo protegido, dice IU

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, Francisco Herrera, afirmó ayer que el convenio suscrito el pasado martes entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Defensa para liberar los terrenos que ocupan las instalaciones militares de Campamento supondrá una actuación sobre suelo no urbanizable con especial protección ecológica. Herrera calificó de "escandalosa" esta operación urbanística, a la que comparó con "un intento de hacer urbanizable el parque del Retiro".Según el avance técnico del convenio, tras el cierre de los acuartelamientos que bordean la carretera de Extremadura, saldrán al mercado inmobiliario dos millones de metros cuadrados para la construcción de oficinas, viviendas y comercios. La actuación generará unos beneficios de unos 300.000 millones de pesetas.

Herrera, después de criticar estas "modificaciones salvajes del planemaniento de Madrid", citó el artículo 5 de las Normas Urbanísticas de Madrid, que en su punto 4.3 sólo autoriza en suelo de especial protección ecológica "las edificaciones vinculadas al mantenimiento del medio natural y de los servicios públicos e infraestructuras". Al mismo tiempo, señaló que en la operación de Campamento se conculcan las directrices del Plan General para el polígono de Cuatro Vientos, que prohíben expresamente los usos lucrativos (residencia], industrial y terciario).

Papel de comparsa

A juicio de Herrera, al Ayuntamiento de Madrid se le ha reservado "el papel de comparsa" para sumarse al convenio mediante un simple protocolo de adhesión. Según IU, el PSOE pretende trasladar a la Comunidad de Madrid las competencias municipales urbanísticas, ante la previsible pérdida de la alcaldía de Madrid. Herrera consideró "sorprendente" que el responsable del área municipal de Urbanismo, Jesús Espelosín, no tuviera conocimiento del contenido del convenio el mismo día de su presentación pública.El grupo municipal de IU denunció que tras el convenio para sacar fuera del casco urbano los cuarteles de Campamento, subyace una operación meramente especulativa. Frente al sistema de expropiaciones, utilizado en operaciones urbanísticas como la del Campo de las Naciones, el convenio permite una negociación con el Ministerio de Defensa, que recibirá 30.000 millones de pesetas por los costes del desalojo de sus instalaciones.

Herrera subrayó que el convenio "es técnicamente vulnerable, ya que sólo presenta primeras estimaciones y proyectos, que precisarán ser ratificados por el pleno".

"Esperamos, aunque nos duele mucho decirlo, que el equipo de gobierno de centro-derecha eche atrás este convenio, en los términos en los que está planteado. Es una chapuza impresentable, desde los puntos de vista urbanístico, político y social", concluyó Herrera.

Un portavoz de la Asamblea Cívica de Villaverde criticó también la construcción de 750 viviendas en los terrenos ocupados actualmente por el cuartel central de Ingenieros. Estas edificaciones, señaló, contribuirán a elevar la saturación urbanística de la Ciudad de los Ángeles.

El CDS, en un comunicado, acusó ayer al alcalde Juan Barranco de haberse "extralimitado en sus funciones" al adhersirse a un convenio entre la Comunidad y Defensa sin que ningún grupo político municipal haya tenido conocimiento de su contenido.