Condenados tres dueños de vídeo comunitario por no pagar los derechos de las películas

Tres empresarios del vídeo comunitario Josman de Sevilla han sido condenados a penas de un mes y un día de arresto mayor, multa de 50.000 pesetas e indemnización de 35.000 pesetas a las productoras Metro Goldwyn Mayer, Warner y Columbia, como autores de un delito continuado de infracción de los derechos de propiedad intelectual.La sentencia, primera que se dicta en España condenando a los responsables de un vídeo comunitario por la transmisión no autorizada de películas cinematográficas, establece como hechos probados que los acusados Manuel Serrano Reyes, Miguel Ángel González López y José Guerrero Morilla, venían transmitiendo a unos 50 o 100 abonados películas que les facilitaban las firmas Avideco y Pubis-vic, si bien en ocasiones transmitían también cintas producidas por las multinacionales del cine, sin contar para ello con autorización de esas productoras y a pesar de constarles la prohibición legal indicada expresamente en las propias cintas y en sus correspondientes estuches.

Usurpación de derechos

El magistrado Sánchez Ugena estimó la tesis mantenida por el fiscal y el acusador particular de las multinacionales, José Joaquín Gallardo Rodríguez, y entendió que se había cometido un delito previsto y sancionado en los artículos 534 bis A y bis B del Código Penal, creados al entrar en vigor la nueva Ley de Propiedad Intelectual.Según José Joaquín Gallardo, "ésta es la primera de una serie de sentencias condenatorias contra empresarios de vídeos comunitarios que, con toda probabilidad, se irán dictando en los próximos meses". La Federación Antipiratería (FAP) y las productoras cinematográficas tienen formuladas un gran número de denuncias penales por hechos similares en toda España, y muy especialmente en Sevilla, donde la mayoría de los vídeos comunitarios "usurpan a diario múltiples obras cinematográficas, para lucrarse con su transmisión ¡lícita, en perjuicio de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual".

Recientemente otros dos juzgados de instrucción de Sevilla decretaron la suspensión de la comunicación pública de películas que se venían efectuando por dos vídeos comunitarios en las localidades sevillanas de Camas y Pilas, así como el secuestro del material técnico que para ello se utilizaba.