Los comunistas portugueses acusan al Gobierno de paralizar la investigación sobre los GAL

FERRÁN SALES ENVIADO ESPECIAL, El Partido Comunista Portugués (PCP) considera que el Gobierno del país vecino paralizó primero y dio un carpetazo después a las investigaciones oficiales que sobre los GAL se habían iniciado desde el Parlamento, según ha declarado Jolo Amaral, diputado del PCP y miembro de la Comisión de Defensa del Parlamento luso.

El juicio contra cinco presuntos miembros de los GAL -Jean-Philippe Labade, Antonio José Wolfango Pereira, Mario Correia da Cunha, Rogerio de Carvalho da Silva y Antonio Jorge Cisneiros- está previsto que comience hoy en Lisboa. No obstante, el tribunal podría suspender la vista al no haber podido localizar un intérprete para Labade.El tribunal no había tomado el pasado viernes ninguna resolución al respecto, pero había comunicado a alguno de los abogados defensores las dificultadespara localizar un intérprete de francés.

Los activistas fueron detenidos en Portugal en el verano de 1986 y están acusados de seis delitos de terrorismo con tentativa de homicidio por disparar, en febrero de 1986, contra refugiados vascos en el sur de Francia. El juicio amenaza con reabrir una antigua herida política que surgió en agosto de 1986 cuando se descubrió que Correia da Cunha había trabajado para los servicios de inteligencia del Estado Mayor del Ejército Portugués (DINFO). En poder del detenido se encontraron cerca de 60 fichas de militantes comunistas y socialistas.

Un año infiltrado

Correia da Cunha había estado infiltrado durante cerca de un año en una célula del partido comunista del sur de Lisboa, en coincidencia con su colaboración con la trama portuguesa de los GAL.

El activista aseguró en sus declaraciones judiciales que pasaba puntual información de estas actividades a los servicios de inteligencia militar.

El asunto de Mario Correia da Cunha, las relaciones entre los GAL y la DINFO y las actuaciones incontroladas de los servicios secretos del Ejército portugués fueron denunciadas por el partido comunista en un debate parlamentario en febrero de 1987.

En aquella ocasión, el ministro de Defensa, Leonardo Ribeiro de Almeida, minimizó el problema y aseguró que el detenido no tenía ninguna relación con los servicios de seguridad del país. A pesar de estas afirmaciones, el ministro anunció ante la Cámara la apertura de una investigación interna para aclarar el alcance de la supuesta trama.

Dos años después de este anuncio, el diputado comunista Joáo Amaral asegura que esta investigación nunca se ha llevado a término y que quedó paralizada en mayo de 1987, al convocarse unas nuevas elecciones. El diputado del PDR y vicepresidente de la Cámara, Marqués Júnior, se negó a hacer comentarios sobre el tema, asegurando que se trata de una cuestión secreta. Declaró que no podía ni siquiera informar o negar si se había llevado a término la investigación anunciada en el Parlamento.

Un portavoz del Estado Mayor portugués se negó asimismo a efectuar declaraciones sobre el alcance de la investigación. Aseguró que el Estado Mayor no era el órgano competente para informar de la cuestión, pero oficiosamente aseguró que se trataba de un asunto "muy caliente".

La investigación judicial sobre las relaciones entre los GAL y la DINFO no ha tenido mejor suerte. No existe constancia oficial de que se haya abierto, la segunda investigación ordenada por el juez instructor de Lisboa tras tomar declaración a los detenidos para averiguar las implicaciones entre el GAL y la agencia de seguridad del Ejército, según han asegurado los abogados defensores de los activistas. Las mismas fuentes aseguran que sus clientes no han sido nunca interrogados con relación a esta segunda investigación.