Los cuatro jueces que investigan el terrorismo amenazan con pedir el traslado

JOSÉ YOLDI, Los cuatro únicos jueces que investigan en España casos de terrorismo expresaron ayer su indignación por entender que el Gobierno no reconoce los riesgos de su trabajo. Los magistrados se quejan del agravio comparativo que supone que los fiscales adscritos a sus juzgados ganen más que ellos, incluso con menor antigüedad. Estos jueces se planteaban ayer solicitar en bloque el traslado a otros destinos, gesto que se interpreta como una especie de dimisión encubierta, ya que los jueces y magistrados no pueden dimitir.

Los magistrados Carlos Bueren, Carlos Dívar, Baltasar Garzón e Ismael Moreno mantuvieron ayer una reunión para debatir las repercusiones del real decreto por el que se establecen los complementos de destino de los jueces y fiscales, que fue publicado el pasado sábado, día 22, en el Boletín Oficial del Estado.El salario de los miembros de la carrera judicial y fiscal está compuesto por sueldo base, antigüedad y complementos de destino. Estos últimos, que son la parte más importante del sueldo, son los que han provocado el malestar de los jueces.

En la disposición publicada el sábado se equipara en la percepción de complementos, a los jueces centrales de la Audiencia Nacional con los juzgados de instrucción de Madrid y Barcelona, pero estos últimos cobran las guardias que realizan, mientras que los de la Audiencia Nacional no, lo que supone una diferencia de unas 27.000 pesetas. Además, los fiscales adscritos a los juzgados centrales han quedado equiparados a un grupo superior que está integrado por los magistrados que forman parte de los tribunales de Madrid o Barcelona, entre los que están incluidos los de la Audiencia Nacional.

Se da así la circunstancia, alegan los jueces, de que un juez central que tiene que ocuparse de los casos relativos a terrorismo, drogas, extradiciones y de comisiones rogatorias cobra unas 18.000 pesetas menos que cualquiera de los fiscales que están adscritos a su juzgado. Éstos, además, sólo se ocupan de terrorismo o de droga, pero no de las dos cosas al mismo tiempo. Eso sí, los fiscales tienen que asistir a las vistas, y los jueces instructores no.

El sueldo de un juez central no alcanza por poco las 300.000 pesetas mensuales netas, y con la aplicación de los nuevos complementos se situará entre las 306.000 y las 310.000.

El precio del miedo

Los jueces de la Audiencia Nacional no se explican qué es lo que ha motivado esa discriminación retributiva, pero consideran que no se ha valorado su esfuerzo. Entienden que no merece la pena pasar miedo, tener que llevar permanentemente protección y estar continuamente en los titulares de los periódicos cuando son tratados de esa manera. "No se puede cobrar menos y estar todo el día con el cuello en la picota", afirmaba uno de ellos. "Es intolerable", agregaba, "que un magistrado con 20 años de antigüedad y varios dedicados a la investigación del terrorismo y drogas vaya a cobrar menos que un fiscal de su juzgado que lleve sólo año y medio en la carrera".

Los propios magistrados precisan que nadie va a desear ese destino y que la lucha contra el terrorismo va a quedar en manos de jueces recién ascendidos, sin ninguna experiencia. En medios jurídicos se especulaba con una actuación intencionada por parte del Ejecutivo como un primer paso para tratar de que desaparezca la Audiencia Nacional.

Los jueces centrales de la Audiencia Nacional consideran que, debido a la antigüedad que tienen, bien podrían aspirar a presidir, en muy poco tiempo, un tribunal en Madrid o Barcelona, cargo mucho mejor remunerado.

Fuentes del Ministerio de Justicia se negaron a comentar el real decreto sobre la cuantía de los complementos de jueces y fiscales. Las citadas fuentes eludieron pronunciarse también acerca de la actitud adoptada al respecto por los magistrados de la Audiencia Nacional que investigan asuntos relacionados con actividades terroristas.