El conflicto hispano-británico planea sobre el Consejo de Pesca de La Toja

El Consejo de Ministros de Pesca informal convocado por la presidencia española para el lunes y el martes próximos en La Toja (Pontevedra) se presenta condicionado por la ausencia del Reino Unido. El ministro británico, John Mac Gregor, ha preferido no acudir a la cita tras el conflicto abierto con los 101 pesqueros españoles que enarbolan pabellón del Reino Unido. Las restricciones de la nueva ley británica perjudican especialmente a armadores gallegos.

A cambio de la reunión de La Toja, John Mac Gregor se entrevistará con el ministro de Agricultura y Pesca español, Carlos Romero, hoy en Madrid. España intenta un arreglo negociado del conflicto por medio de compensaciones de actividad y descarga en puertos británicos, igual que se ha pactado con Irlanda, donde faenan una docena de barcos españoles de varias empresas, entre ellas Pescanova. El problema con respecto al Reino Unido es que cualquier acuerdo debe esperar a la votación de la Cámara de los Lores sobre los recursos planteados contra la reciente entrada en vigor de la Merchant Shipping Act.Esta nueva ley exige que el 75% del capital y de los consejeros de las empresas inscritas en el nuevo registro de barcos pesqueros sean británicos. La medida va dirigida contra 101 pesqueros, de los que entre el 50% y el 95% del capital es español, aunque faenan bajo pabellón británico. Este centenar de pesqueros facturan más de 11.000 millones de pesetas al año y tienen enrolados 1.200 tripulantes españoles, aparte de otros 400 con pasaporte británico. En España se generan otros 6.500 empleos.

Las capturas de merluza, rape y gallo se descargan y se venden en puertos españoles, fundamentalmente en La Coruña, Marín y Vigo. La razón de esta actividad, amparada en cuotas pesqueras británicas pero volcada hacia España, es muy simple. "En el Reino Unido no hay mercado y la merluza se cotiza a 200 pesetas el kilo, mientras en Galicia se paga a más de 1.000", comentó Juan Andrés Couceíro, gerente de Cmaine Shipping Limited, compañía que gestiona 42 de las más de 80 empresas propietarias de los barcos pertenecientes, entre otros, a armadores como Interpesco, Gonzalo Lestau y Marbasa.

Contra la ley británica, la Comisión Europea inició el pasado mes un procedimiento con el envío de una carta de emplazamiento (mise en demeure) al Reino Unido por entender que contraviene los principios comunitarios de libre circulación y establecimiento. El Gobierno británico tiene de plazo hasta el próximo día 16 para dar una respuesta adecuada o introducir las modificaciones oportunas. En caso contrario, el asunto seguirá su curso hasta su envío al Tribunal de Justicia de la CE.

Cuotas británicasFrente a las tesis españolas de que las empresas fueron constituidas conforme a derecho y que ya existen controles suficientes sobre capturas y descargas de las mismas, el Reino Unido argumenta que son empresas que se benefician de las cuotas británicas, cuando el destino de la pesca es España. El conflicto generado a partir del pasado 1 de abril lleva en realidad seis años larvado. La tradición de constituir empresas de capital español bajo pabellón británico la inició en 1957 el pesquero Mount Eden. A éste siguieron otros, como el Pitufo o el Boston Corsair. Hoy, en la bahía de Milford Haven (Gales), en Plymouth, Leicester, Torbay, Suffolk, Aberdeen, Portsmouth, Caithriess y Londres están registradas empresas pesqueras con mayoría de capital de armadores gallegos, vascos o cántabros. "Al principio", comenta un armador, "todo eran facilidades porque los británicos estaban interesados en aumentar su flota, ahora argumentan que nos beneficiamos de su cuota".

En marzo de 1983, los británicos exigieron que las tres cuartas partes de la tripulación perteneciera a países comunitarios. Cuando España entró en la CE, mantuvieron la prohibición a más de un 257. de tripulantes "españoles, griegos y portugueses hasta el fin del período de transición". Las empresas pleitearon y dos de los casos, conocidos por Jaderow y Neptune (nombres de dos barcos), están todavía pendientes de la decisión del Tribunal de Justicia de la CE, cuya sentencia puede sentar un precedente comunitario. Recientemente, un tribunal británico dio en principio la razón a las empresas de capital español y decidió remitir el tema a la instancia comunitaria.