Menores sin ley

Los menores de edad penal que llegan ante un juez quizá ignoren que no existe una ley que pueda ser aplicada a su caso. A pesar de todo, se les juzga: "Con las garantías constitucionales y a la luz de la ley de Enjuiciamiento Criminal", dicen en un juzgado de menores de Madrid. Por delitos que figuren en el Código Penal como graves, estos jóvenes pueden ser privados de libertad en centros de reforma. Lugares a los que, según un experto, sólo llegan personas de los sectores sociales marginados.

Los nuevos jueces de menores acceden a sus cargos tras hacer unos cursos "apresurados", según un magistrado, y con la legislación tutelar de 1948, inaplicable por inconstitucional. A diferencia de los anteriores jueces, que podían no pertenecer a la carrera judicial, todos proceden de la judicatura.Actualmente la justicia de menores está sometida a debate en varios países. La revisión afecta sobre todo a la llamada ideología tutelar, que define al menor como sujeto sin responsabilidad, al que no se puede atribuir o imputar la comisión de delitos. Los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez y Claudio Movilla coinciden en asimilar esa idea "al paternalismo más trasnochado", y proponen que la atribución de responsabilidad delictiva a los menores se acompañe de las garantías jurídicas, fiscales y de defensa de la jurisdicción ordinaria.

El anteproyecto provisional de la ley Penal de Menores, fechado en marzo de 1987, "está congelado", declara Juan Mato, director general de Protección Jurídica del Menor. Entre sus artículos no aparece la tutela. Establece una distinción entre menores y jóvenes, si bien no la relaciona con la elevación de la edad penal a los 18 años. Prevé asimismo la posibilidad del juicio con jurado, y se fija en dos años el tiempo máximo de reclusión.

No todos son delincuentes

"Me llevan los demonios cuando incluso desde instancias oficiales se dice que en España hay 25.000 menores delincuentes". El comentario es de una juez de Madrid, que a la vista de más de 2.000 expedientes en 1988, afirma: "Sólo,40 merecen ese calificativo". "No es lo mismo", continúa la juez, "el chico que tira piedras al tren que el que viola o mata". La resolución más frecuente en estos juzgados es la amonestación.Entre 12 y 15 años tienen la mayoría de los que cometen delitos graves. El robo, en solitario o en pandilla, es lo más habitual; la violencia sexual se incrementa. Las lesiones y casos aislados de muertes son los hechos que pueden conducir a un menor a los centros de reforma.

Los trabajadores sociales que actúan en los centros cerrados, colegios, residencias y pisos, han sustituido a las órdenes religiosas, salvo en algunos colegios para chicas. La Dirección General de Protección Jurídica del Menor se encarga de la reforma en Baleares, Ceuta y Melilla, y también gestiona directamente centros de carácter nacional como el de Renasco, en Madrid. En el resto del Estado las competencias corresponden a las comunidades autónomas.

Las historias personales que manejan los traba adores sociales suelen ser penosas y repetitivas. "Los casos más frecuentes se enmarcan en la marginación absoluta, con el dato característico de disolución del núcleo familiar", afirma una experta de la Comunidad de Madrid.

En el juzgado y en la Comunidad madrileña califican de "desalentadores" los resultados de los trabajos de reforma. Señalan la dificultad de restaurar un sistema de valores sociales y familiares que desconoce el adolescente. Sus orígenes: barrios desastrosos, viviendas sin las mínimas condiciones y la calle por escuela. El juzgado y el correccional se convierten en meros trámites antes de ir a la cárcel, y sus progenitores tuvieron una biografía similar.

"El proletariado tiene una vida privada transparente, que transcurre en la calle. Las paredes oyen, sobre todo si son de mala calidad", dice Juan Mato. Se puede "ejercer un control social formal, o informal y sin garantías, como vemos ahora ante la inseguridad o las drogas".

A los juzgados también llegan hijos de padres mejor situados, generalmente por asuntos relacionados con drogas o conducción de vehículos. Pero de ahí no pasan: "Se soluciona todo en la familia", aseguran en el juzgado de Madrid. Los padres pagan los desperfectos o internan al hijo en un colegio privado.