García Horcajo declara que anuló: el contrato del ex concejal Lara "por motivos, políticos"

Emilio García Horcajo, responsable socialista de Seguridad y Policía en el Ayuntamiento de Madrid, declaró ayer en la Comisión de Vigilancia de la Contratación que investiga el caso Lara. El concejal, según afirmó, solicitó, "por estrictos motivos políticos", la anulación del acuerdo del equipo de gobierno que adjudicaba a dedo un contrato por 50 millones a una empresa presidida por el ex concejal socialista Miguel Lara. La comisión examinó un escrito del director de bomberos, Jesús Granizo, en el que se afirma que el expediente siempre se tramitó como adjudicación directa.

García Horcajo, responsable del área de Seguridad y Policía Municipal, dejó claro que su escrito del pasado 6 de febrero en el que se consideraba necesario dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la comisión de Gobierno el 13 de enero, tuvo unas motivaciones políticas. García Horcajo, según los miembros de la comisión de vigilancia, se limitó a repetir que el citado escrito era "la instrumentación formal de una decisión política", sin dar explicaciones sobre los supuestos motivos técnicos -necesidad de coordinar los sistemas informáticos de Bomberos y Protección Civil y ejecución total y no parcial del Plan de Seguridad en Edificios Municipales- que se argumentó en su día para la anulación.El concejal declaró que se había enterado de la presencia de Lara en el consejo de administración de Cetas de Seguridad, la empresa elegida para el contrato, una semana después de la adjudicación. La información le llegó a través de un comentario de Ángel Ros, gerente del Centro Municipal de Informática, quien tras las visitas de Lara a este centro dedujo por exclusión a cúal de las empresas licitadoras podía estar vinculado el ex concejal.

Tras esta comparecencia, José Miguel Gastón, arquitecto jefe de Protección Civil, prestó por segunda vez declaración a petición del PSOE. Jesús Espelosín, representante socialista en la comisión, preguntó a Gastón si estaba de acuerdo con el escrito remitido el pasado día 3 por su jefe, el director de servicios de Protección Civil y Bomberos, Jesús Granizo, al presidente de la comisión, Luis Alvarez. Según el escrito de Granizo, en junio del año pasado su dirección ya pensaba que la contratación de técnicos especializados para inspeccionar las condiciones de seguridad de 835 edificios municipales se debía hacer por adjudicación directa, por razón de urgencia y magnitud del trabajo. Granizo añade que Gastón conocía este criterio.

Diferencias de léxico

El hecho de que aparezca la palabra "concurso" en el pliego de condiciones es explicada por Granizo en el sentido de que los técnicos emplean conceptos "sin entrar en el alcance jurídico de los mismos". "Hay que entender y comprender que el léxico de un arquitecto no se corresponda con el de un jurista", puntualiza.

El director de servicios, en contra de lo que declaró Gastón en su primera comparecencia, agrega: "Nunca se ha producido a través de la tramitación del expediente ni ha habido orden o comunicación de cambio de concurso a adjudicación , directa". Granizo reconoce, sin embargo, que Gastón empleó una "expresión incorrecta" al invitar a diez empresas a participar en un "concurso de adjudicación". "Si en el pliego de condiciones técnicas se habla de concurso y en las cartas de invitación se sigue hablando de concurso y se continúa tramitando el expediente como de adjudicación directa, habrá que revisar o criticar el lenguaje jurídico-administrativo del arquitecto", agrega.

Gastón, tras leer este escrito de su jefe, manifestó estar de acuerdo con el mismo "en esencia". Los representantes del Partido Popular y del Centro Democrático y Social piensan, a pesar de ello, que siguen existien lo importantes contradicciones con la primera declaración de Gastón.