La minoria de los abogados se opondrá hoy a la subida de honorarios superior al 300%

Un grupo de letrados defenderá hoy en la junta extraordinaria del Colegio de Abogados de Madrid una enmienda a la totalidad del proyecto de nuevos honorarios de los abogados, que, según cálculos del decano, Antonio Pedrol, significa un aumento medio del 300%. Los colegiados contrarios a la reforma patrocinada por la junta de gobierno critican el carácter de "mínimas" de las nuevas retribuciones y reprochan la "ambición desmedida" de quienes defienden, sin control público ni consulta a los usuarios, incrementos que en algunos casos superan el 1.000% de aumento.

Los firmantes de la enmienda a la totalidad, encabezados por Jesús Zorita, José Luis Galán, Ángeles López Álvarez, Jesús García Giraldez y Francisca Villalba, entre otros, y apoyados por el Grupo de Abogados Jóvenes, consideran las subidas de honorarios previstas "absolutamente desmedidas, sin ninguna relación lógica o indiciaria con el incremento del índice de precios al consumo". Argumentan que las nuevas retribuciones suponen "un encarecimiento del servicio sin fundamento", ya que, recuerdan, "la cuantía de los pleitos o cuestiones económicas se ha elevado paralelamente y la mera aplicación de los tipos vigentes produce un incremento de honorarios".Este grupo señala que "son las pequeñas cuantías las que registran incrementos porcentuales más considerables", de modo, afirma, que "los usuarios afectados por la subida no son las grandes firmas o clientes, sino la ciudadanía de clase media o media-baja". Reprocha asimismo el proceso de formación de los nuevos precios profesionales, de un modo "unilateral", dice, "sin oir siquiera a los usuarios o a las organizaciones de consumidores y por supuesto sin control público, aunque nuestra actividad tiene carácter público". Como alternativa y en garantía del usuario, la minoría propugna unos honorarios "máximos".La junta de gobierno justifica la elevación de los honorarios en el desfase de los actualmente vigentes, aprobados en 1980. Asimismo, señala que las normas son "orientadoras" y prevén que "excepcionalmente" podrán reducirse. Los patrocinadores de la enmienda a la totalidad niegan la virtualidad de tales reducciones y el carácter orientador de unas normas cuya "infracción sustancial y reiterada" está tipificada como "falta grave", que dará lugar a expediente disciplinario "por incumplimiento de los acuerdos colegiales" o "por competencia ilícita", entre otras causas.

"Cueva de ladrones"

El riesgo de competencia ilícita es precisamente uno de los argumentos esgrimidos para defender unos honorarios mínimos, que eviten la degradación del servicio por quienes "están dispuestos a hacerlo más barato", en palabras de Pedrol. Frente a estas razones, algunos de los promotores de la oposición -a los honorarios manifestaron a EL PAÍS que los grandes bufetes, patrocinadores de la subida retributiva, no temen la competencia de los abogados españoles, sino de los despachos europeos. Afirmaron que los mismos colegiados que permanecen impasibles ante el pisoteo de los derechos de sus defendidos, se repliegan a una "dignidad sólo de bolsillo". "Se nos cae la cara de vergüenza pertenecer a esa cueva de ladrones", añadieron.Los nuevos honorarios incluyen subidas del 1.011% para expedientes de jurisdicción voluntaria (adopción, consejo de familia, declaración de ausencia o fallecimiento), del 900% para asuntos penales o de extradicción y del 788% para dictámenes. Asimismo, establecen la unidad cronológica mínima de trabajo en 15 minutos, a un mínimo de 2.500 pesetas, y evaluan la hora de trabajo entre 6.000 y 35.000 pesetas.

Las salidas del despacho, aparte de los honorarios y de los gastos de desplazamiento y hospedaje, se percibirán, como mínimo, a 15.000 pesetas por medio día fuera de Madrid, 25.000 por día sin pernoctar y 35.000 pesetas si se pernocta.

En opinión de estos letrados, los nuevos honorarios mínimos no serán aplicables al turno de oficio, como tampoco lo son los actuales, ya que el Estado no asumirá un incremento tal de la carga presupuestaria. El proyecto cuya aprobación se suspendió el pasado 27 de enero y que se discute hoy producirá un efecto en cadena sobre el resto de los colegios, dado el tirón de Madrid, con un colectivo de casi 20.000 abogados ejercientes. Si el proyecto es aprobado, los letrados que se oponen al mismo anunciaron que se negarán a cumplirlo.