Hurgar en la herida

El futuro laboral de cerca de 800.000 trabajadores de la Administración pública y de alrededor de 100.000 contratados del mismo sector vuelve a estar pendiente de las conversaciones entre los sindicatos y el Gobierno. Al reabrirse el pasado 17 de febrero la mesa de negociación de los funcionarios han resucitado temas congelados desde el 15 de septiembre de 1988: su derecho a la negociación colectiva, la recuperación de la capacidad adquisitiva, la constitución del Consejo de la Función Pública, cerrar los convenios del año pasado del personal laboral y otros temas no menos polémicos.

Desde entonces, las discusiones se han abordado en diferentes foros: la propia mesa general de negociación de la función pública, el acuerdo firmado en solitario por la Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) con el Gobierno, la tabla reivindicativa de la huelga general del pasado 14 de diciembre, las posteriores conversaciones en el seno de la mesa general de concertación, el Parlamento y las Cortes. Durante estos seis meses, la estrategia negociadora ha sido la del regateo.El primero de los puntos que originó el enfrentamiento entre las partes fue el reconocimiento de la capacidad negociadora de los sindicatos a la hora de discutir el capítulo 12 de los Presupuestos Generales del Estado, en el que se define el incremento de los salarios. A este respecto, la oferta del Gobierno ha ido variando desde la idea de "proceso de debate" expresada en los acuerdos del 13 de mayo de 1988, que no firmó CC OO, al concepto de "proceso negociador" condicionado a la renuncia a ejercer el derecho a la huelga durante la vigencia del acuerdo, que suscribió la CSIF en solitario el 15 de septiembre de ese mismo año. Tal solución no fue aceptada por UGT y CC OO, que incluyeron el reconocimento del derecho a la negociación colectiva dentro de los cinco puntos de la huelga del 14 de diciembre.

En la posterior mesa general de concertación, el Gobierno reconoció explícitamente este derecho, aunque insistió en la obligación de los sindicatos de mantener la paz social y "no ejercer el derecho constitucional de huelga". Para evitar los conflictos que ha planteado el actual acuerdo debido a la relativa representatividad de la CSIF, el Gobierno indicó el pasado 25 de enero que se tendría que fijar un mínimo que determine la efectividad de los acuerdos. El contenido del pacto del 15 de septiembre, recurrido por CC OO y UGT ante los tribunales y aún sin publicar en el BOE, es el que marca la pauta desde el 1 de enero de este año.

Contraoferta sindical

Los sindicatos -UGT, CC 00, ELA-STV y CSIF- empezaron por elaborar una contraoferta conjunta: subir los salarios un 6,6%, para lo que tomaron como base la inflación interanual del IPC entre los meses de julio de 1987 y de 1988, que fue del 4,6%. Pero la unidad sindical se rompe cuando el 15 de septiembre el CSIF acuerda firmar un texto en el que se fija la subida salarial en un 4%, e incluye un fondo de acción social a estudiar y otro adicional de 20.000 millones a distribuir entre docentes en centros públicos no universitarios, trabajadores de Correos, los estatutarios de la Seguridad Social, los funcionarios de la Administración de justicia y el personal de las universidades.

Estas diferencias tendrán un eco mayor en la convocatoria de la huelga general del 14 de diciembre, entre cuyas reivindicaciones se incluye la recuperación de la capacidad adquisitiva de los funcionarios. En la posterior mesa de concertación, la oferta gubernamental se modificó varias veces: el 11 de enero se ofrecía compensar a tanto alzado, por una sola vez y únicamente, a los colectivos situados por debajo de la inflación media resultante en 1988; el 16 de enero estaban dispuestos a pagar un punto de atrasos (27.000 millones) por una sola vez y sin consolidación en 1989; el 24 de enero se volvía al tanto alzado, pero esta vez consolidado en 1989, y el 25 de enero, el Gobierno hace su máxima oferta: un punto a consolidar en la nómina del presente año y otro punto en un solo pago.

Este fue el único tema en que el Gobierno ha vuelto a sus posiciones iniciales tras el fracaso de estas negociaciones y el posterior debate parlamentario, es decir, un fondo de 15.000 millones sin consolidar en nómina y desembolsado como paga extra.

El viernes de la semana pasada, el encuentro entre los sindicatos y la Administración pública también fracasó.