Miedo a la provocación

El proceso democratizador en los países del Este de Europa implica el riesgo del resurgir de¡ terrorismo político. Por primera vez desde la posguerra, la amenaza de desestabilización con acciones violentas ha despertado preocupación entre políticos reformistas, la oposición democrática y los diplomáticos occidentales. La amenaza s hizo visible el pasado sábado, cuando una bomba artesanal de gran potencia estalló en el metro de Budapest y causó graves daños, aun que no víctimas.

Proliferan los indicios de que sectores ortodoxos, en parte integrados en las fuerzas de seguridad de los regímenes comunistas, han comenzado a perpetrar acciones de desestabilización de la política de apertura.Los misteriosos asesinatos de dos sacerdotes polacos en Varsovia y Bialystok en enero, la explosión de una bomba en la ciudad checoslovaca de Usti Nad Labem y una oleada de amenazas de bomba en Praga son los principales sucesos que sugieren la creación de escuadrones de la muerte en el Este de Europa.

Las acciones subversivas clásicas, como la muerte de los sacerdotes polacos y la explosión de la bomba en Checoslovaquia, se atribuyen, en medios diplomáticos occidentales en el Este, a sectores incontrolados de las fuerzas de seguridad, temerosos de perder privilegios e impunidad en un Estado de derecho. Está aún presente el caso de Jerzy Popieluszko, el sacerdote simpatizante de la oposición asesinado por un grupo de policías en 1984. La muerte de Popieluszko fue una acción dirigida tanto contra la oposición como contra los intentos, del jefe de Estado, Wojciech Jaruzelski, de buscar una vía política de moderación en el trato de la oposición.

En el marco de una estrategia de provocación, se alude también a las violentas y muchas veces innecesariamente brutales intervenciones policiales contra manifestantes en Berlín Este y en Praga en los, últimos meses.

Fuentes de la RFA están convencidas de que el violento aplastamiento de manifestaciones en Berlín Este y otras ciudades de la RDA fue una iniciativa del Ministerio de la Seguridad del Estado, sin órdenes de la cúpula del partido ni del Estado.

En Hungría, donde el proceso democratizador ha alcanzado un ritmo vertiginoso, existe una seria preocupación de que puedan darse sucesos parecidos. La máxima garantía actual en Budapest de que el partido y el Estado controlan a las fuerzas de seguridad es el ministro del Interior, Istvan Horviath, un militar que goza de gran prestigio entre los diplomáticos occidentales.

No obstante, existe gran preocupación ante el riesgo de que cuando las reformas afecten directamente a las comisarías y agrupaciones de milicias obreras surjan también en Hungría provocaciones de este tipo. En conversaciones confidenciales, representantes occidentales han recomendado al Gobierno húngaro que disuelva las milicias obreras, unos grupos paramilitares que representan el principal peligro, según estas fuentes.

'Lumpenproletariado'

"Estas milicias están compuestas por lo peor de las fábricas, auténtico lumpenproletariado, profundamente antisemita, antiintelectual y antidemócrata. Son el mismo estrato social que formaban los flechas cruzadas colaboracionistas con la Alemania nazi. Cualquier estudiante con barba les parece un judío, y en cualquier momento puede producirse un incidente", según un diplomático. Según añade, "tanto en Varsovia como en Budapest, los máximos representantes de las fuerzas reformistas y de la oposición corren peligro. Matar a Walesa, a Geremek o a Kuron, o seguir matando sacerdotes hasta dinamitar el diálogo entre el poder y la oposición no es difícil".

"Temo realmente por la seguridad de [Imrel Poszgay", señalaba un diplomático occidental durante el pleno del comité central del partido comunista húngaro, en el que Poszgay logró imponer una revisión de la interpretación de los hechos de 1956.

Dado el destacado papel de las fuerzas policiales, parapoliciales y servicios secretos en la implantación de los regímenes comunistas y su salvaguardia, sus estructuras y métodos de trabajo están aún fuera del control civil. La policía y los servicios secretos forman una casta que ha sabido hasta ahora mantenerse totalmente impune, y a cambio de sus trabajos sucios ha gozado de privilegios inasequibles a gentes de mucha mayor formación. Las reformas y una transparencia de la gestión policial en la creación de un Estado de derecho atentan, por tanto, directamente contra los intereses de estos grupos, cuya formación ideológica es la más dura, simple y ortodoxa.