'Vecinos de un pueblo de Almería impiden a la Guardia Civil recoger a un bebé adoptado

Varios cientos de vecinos del barrio de San Agustín, en El Ejido, a 30 kilómetros de Almería, han impedido por dos veces que la Guardia Civil ejecutase una orden judicial que ordena al matrimonio formado por Bernardo Cara y Carmen López la entrega de un niño recién nacido que les dio su madre, cuya identidad se desconoce.

El matrimonio no tiene hijos y está en lista de espera de adopción desde hace seis años. El Instituto Andaluz de Servicios Sociales ha señalado que hubo acuerdo previo con la madre del niño a la que pagaron los gastos del alumbramiento.El 19 de enero pasado, Bernardo, de 55 años, y su esposa, Carmen, de 46, fueron a realizar una visita familiar a la clínica Virgen del Mar, de la capital almeriense. Estando allí se presenté un joven matrimonio con un niño nacido ese mismo día. En recepción dijeron que iban a dejarlo allí por si alguien lo quería porque ellos no podían hacerse cargo de él. Carmen López escuchó la conversación, fue corriendo a buscar a su marido para contárselo y poco después salían de allí con el niño, tras asegurar a la comadrona que informarían al fiscal y a la policía. Realizados ambos trámites, el niño ha sido inscrito con el nombre de José Manuel Cara López. El domingo próximo cumple un mes. La gerencia provincial de IASS ha dado otra versión: el matrimonio y la joven estaban previamente de acuerdo en la entrega, además, dice, Bernardo Cara tiene antecedentes penales y eso le inhabilita para tener un niño en adopción.

Montar guardia

En el número 11 de la plaza de la Colonización de San Agustín, decenas de vecinos montan guardia con éxito. Por dos veces han evitado que miembros de la Guardia Civil cumplan la orden del juez de Berja que ordena la entrega de José Manuel a los responsables provinciales de los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. Una apretada barrera humana impidió en la noche del miércoles el acceso de la Guardia Civil a la vivienda. En la madrugada siguiente, sobre las tres, un nuevo intento fracasó ante la oposición vecinal. En la mañana de ayer habían aparecido pancartas en las que se podía leer mensajes de apoyo al matrimonio Cara. En las proximidades, un vehículo de la Guardia Civil permanece estacionado a la espera de una ocasión para ejecutar la orden judicial.

Desde que la Junta de Andalucía empezó a interesarse por el caso, han sido numerosas las personas que han visitado el comercio de comestibles que desde hace años regentan Bernardo y Carmen. Ellos llevan allí muchos años y conocen perfectamente a la mayor parte de los 1.925 habitantes censados en San Agustín.

La zona está inmersa en la comarca del plástico: docenas de kilómetros cuadrados cubiertos de invernaderos donde la producción de hortalizas es intensiva, con tres cosechas anuales en muchos casos, y de donde salen toneladas de flores y de otros productos con destino a las grandes cadenas comerciales europeas.

Desde su Spar, Bernardo y Carmen se consideran víctimas de la injusticia: tener más de 40 años les impide quedarse con José Manuel, pero si vivieran en Málaga o Valladolid, sí podrían.

"Yo creo que es un caso claro de discriminación y no sé si también roza la inconstitucionalidad", dice el abogado Juan José García Márquez. "El expediente de desamparo que ha realizado la Junta miente porque el niño tiene todo el apoyo moral y material que necesita y, por tanto, no se produce desamparo. Lo que sí hay es discriminación".

"Yo siempre tengo esperanza, ante todo", dice Manuel, "pero si nos quitan al niño sufriremos una gran decepción y para el pueblo será también una injusticia".

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