Luque y dos sobrinos del presidente de Camp piden una junta de accionistas

Jordi y Lourdes Camp, hijos del anterior presidente, Jordi Camp, y Manuel Luque, ex director general de la compañía, han solicitado la convocatoria judicial de una junta de Carovipe, sociedad que posee el 100% de las acciones de SA Camp. Este procedimiento, planteado por los sobrinos de los mayores accionistas actuales de Carovipe -los hermanos Josep, Albert y Joan Camp- y Manuel Luque, que representan el 14,28% de la sociedad, supone el inicio de una nueva etapa en la crisis de la firma de detergentes catalana.En su escrito al juez, los demandantes exigen la rendición de cuentas de los ejercicios 1986 y 1987 y piden que se examine la gestión de Juan y Albert Camp, dos de los tres administradores únicos de la empresa. El otro hermano, José Camp, administrador y presidente de la sociedad es quien más ha apoyado la gestión de Luque.

Jordi Camp, Lourdes Camp y Manuel Luque constituyeron a finales de 1988 una sociedad privada civil para administrar la gestión del paquete del 14% del capital que poseen los dos primeros. Luque tiene la representación de esta sociedad privada, y, por tanto, la representación de esta parte del capital.

En el orden del día previsto para la nueva junta que deberá convocar el juez, los demandantes piden que se examinen determinadas actuaciones de los administradores implicados. En concreto, piden explicaciones sobre la salida de un total de 644 millones de pesetas de la sociedad de detergentes para financiar el colegio Alpe de los hermanos Camp, según fuentes jurídicas. También exigen la rendición de cuentas sobre los recursos concedidos a otro miembro de la familia de dicado a la importación de artículos de deporte y que pueden suponer un saldo de unos 200 millones de pesetas.

Parálisis jurídico-mercantil

Por otra parte, el abogado óscar Alzaga, asesor jurídico de los hermanos Joan y Albert Camp, que poseen la mayoría del capital de la compañía, ha señalado que la actuación de Luque había conducido a una situación insostenible de la empresa, que califican de "parálisis jurídico mercantil". Esta parte estima que Manuel Luque se extralimitó en sus atribuciones al crear un comité de dirección que en la práctica hacía la veces de consejo de administración pero sin soporte legal para ello. Las mismas fuentes indican que el ex director intentó revocar los acuerdos del último consejo de la sociedad mediante la presión de los trabajadores.

Paralelamente, los demandantes han impugnado los acuerdos de la última junta de Carovipe -en otro procedimiento judicial- celebrada el pasado 25 de enero, por intentar cambiar los estatutos de S A Camp, sin haberlo anunciado preceptivamente, y que él único accionista de esta sociedad sea Carovipe.